Un alto funcionario de la oficina federal de control de armas se disculpó ayer ante el Congreso y admitió que comparte la responsabilidad por los errores de una operación policial en Arizona que derivó en el tráfico de poderoso armamento a México.
William McMahon, jefe para la región occidental de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), afirmó en su comparecencia que la entidad tenía buenas intenciones cuando emprendió la Operación Rápido y Furioso en 2009.
Sin embargo, dijo que, en una reconsideración de lo ocurrido, hay cosas que la agencia podría haber hecho de manera distinta.
McMahon, el funcionario de más alto rango de la ATF que comparece públicamente sobre la operación, reconoció que no dio un seguimiento preciso a la investigación en Arizona, estado suroccidental colindante con México.
El gobierno mexicano ha pedido una explicación sobre la operación y afirmado que seguirá atentamente el desarrollo de la investigación.
Rápido y Furioso se centró en diversas armerías del área de Phoenix y tenía como objetivo concretar casos penales contra jefes traficantes de armas que habían eludido previamente acciones de la justicia.
En su comparecencia ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, McMahon dijo que su compromiso era desmantelar redes criminales en ambos lados de la frontera y que «en un nuestro fervor por hacerlo, y en el fragor de la batalla, se cometieron errores. Y por ello me disculpo».
La ATF tiene 4.600 investigaciones en curso en todo Estados Unidos como parte del Proyecto Gunrunner, diseñado para detener el contrabando de armas hacia México.
Rápido y Furioso es una de esas investigaciones, pero es la que está probando nuevas técnicas para llegar a líderes otrora inalcanzables de organizaciones contrabandistas.
La ATF no ha dicho cuántos agentes trabajan en el Operativo Rápido y Furioso por temor a que se ponga en peligro la seguridad de la operación. En total, 260 agentes de la ATF están asignados a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos en varias investigaciones del Proyecto Gunrunner.
Otro testigo de la ATF, William Newell, que estuvo a cargo de la división de campo en Phoenix, reconoció que hubo errores «en cómo manejamos» la Operación Rápido y Furioso.
Dijo que sería «prudente» aplicar evaluaciones más frecuentes a estrategias riesgosas como la utilizada en Rápido y Furioso.
«El propósito de la investigación no era permitir el transporte de armas de fuego hacia México», aseguró Newell, quien fue rigurosamente interrogado sobre ese asunto por el presidente del comité, el republicano Darrell Issa, y el demócrata de mayor rango en ese panel, Elijah Cummings.
El objetivo de la operación era permitir el paso de pequeños compradores de armas para que los investigadores pudieran seguir el rastro hasta grandes traficantes de armamento prohibido en la frontera de Arizona con México. La estrategia conllevaba el riesgo de que la magnitud del rastreo resultara inadecuada y que algunas armas terminasen en las manos de delincuentes en México o en la parte estadounidense de la frontera y fueran utilizadas en delitos, como ocurrió.
De acuerdo a un testimonio del especialista de inteligencia en la ATF, Lorren Leadmon, de las más de 2.000 armas relacionadas con Rápido y Furioso, 227 fueron recuperadas en México y 363 en Estados Unidos. El resto no ha sido recobrado.
«Hubo armas que terminaron en México, mataron personas; es por eso que hoy estamos aquí», señaló el representante republicano Jason Chaffetz.
«En esta investigación no dejamos pasar armas hasta donde sé», respondió Newell. Insistió en que la operación fue creada para, cuando fuera legalmente posible, interceptar armas supuestamente dirigidas a México.