La fuga de importantes jefes de bandas al servicio del narcotráfico, así como amotinamientos y enfrentamientos entre internos, expusieron la débil situación del sistema penitenciario de Colombia, en el que la corrupción de la guardia y el poder de algunos presos marcan la pauta, destacaron expertos.
«Hay un problema grave y es la corrupción interna, especialmente de la guardia penitenciaria. Es un foco gravísimo de indisciplina, violación de derechos humanos y corrupción en general», dijo un ex funcionario del estatal Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), que pidió reserva de su nombre a la AFP.
Según el experto, que tuvo a su cargo el manejo de las cárceles en el centro del país, a la corrupción reinante en la guardia se suma el «alto índice de hacinamiento», situación que trató de aligerarse autorizando a algunos presos no peligrosos a completar el tiempo de condena en su residencia.
Pero eso, aseguró el experto, «se prestó también para que jueces y fiscales fueran tentados con jugosas ofertas, o simplemente intimidados con amenazas, para que determinaran la prisión domiciliaria a personas que no podrían tener derecho a esos beneficios».
Tal fue el caso de Daniel Serna, alias «Kener», jefe de sicarios de una de las más peligrosas bandas del noroeste del país, que obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria luego de que una fiscal insistiera -en base a un dictamen de Medicina Legal- que se encontraba gravemente enfermo.
Serna se fugó de su residencia el domingo pasado, y aunque recapturado pocas horas después, el hecho abrió la polémica sobre la situación de una serie de peligrosos jefes criminales recluidos con bajos niveles de seguridad.
El director del Inpec, Carlos Barragán, anunció este jueves que ese instituto prepara una lista de presos de alta peligrosidad que enviará a las autoridades judiciales, desaconsejando que se les otorguen beneficios procesales.
«En los próximos días vamos a tener unos listados para hacer alertas tempranas a las autoridades judiciales y evitar que se repita lo que sucedió con alias Kener», dijo Barragán.
La fuga de Serna desató un enfrentamiento entre las ramas Ejecutiva y Judicial que se acusaron mutuamente de haberla permitido: mientras el presidente ílvaro Uribe responsabilizó a la Fiscalía de la huida, ese organismo señaló que la culpa era del Inpec.
Otro hecho similar ocurrió hace dos semanas con dos ex paramilitares presos en la cárcel La Picota de Bogotá, que se fugaron en circunstancias aún no esclarecidas, lo que motivó la renuncia de la directora del Inpec.
Para la fuente consultada por AFP, «la culpa está en la ligereza de jueces y fiscales, o de funcionarios de menor rango en esos despachos, aunque también podría tratarse de amenazas a la persona o a sus familias».
Por su parte, un destacado abogado penalista bajo el anonimato, que por su labor frecuenta centros de reclusión, denunció que, además de la corrupción, existe un tratamiento diferente para los presos por delitos de paramilitarismo respecto a los demás reclusos.
«Los medios saben que los allegados de paramilitares y de políticos presos por vínculos con el paramilitarismo entran y salen sin problema (de las cárceles), y que a su vez los jueces niegan muchos derechos a otro tipo de reclusos», explicó.
«Ahora se mueve mucho dinero por el ingreso a las cárceles de esos jefes y mandos medios de las llamadas bandas criminales», que al mejor estilo de los antiguos capos del narcotráfico «hacen que la corrupción sea campante en todos los niveles, como lo ha denunciado el sindicado del Inpec».