Varias son las instancias que operan al servicio de la impunidad y que hacen verdaderamente difícil administrar justicia en nuestro país. Generalmente falla el proceso de investigación y allí mismo muere toda esperanza de esclarecer los hechos, pero cuando por presión política o por simple casualidad un hecho es investigado, entran a funcionar otros mecanismos que favorecen la impunidad y uno de los más socorridos es la fuga de información que facilita a los sindicados escapar sin tener que enfrentar procesos.
Hace pocas semanas fue el caso de los hermanos Valdez, quienes se beneficiaron de la fuga de información que les permitió poner tierra de por medio justo cuando salió la orden de captura en su contra. Y como han hecho los banqueros que andan prófugos, la fuga les permite seguir gozando de libertad no obstante la gravedad de las sindicaciones en su contra. Ahora ha sido el turno de Alfonso Portillo Cabrera, quien es buscado para cumplir con una solicitud de extradición planteada por Estados Unidos luego de establecer que bancos de ese país fueron utilizados para lavar dinero sustraído del erario guatemalteco. El mismo sábado por la tarde todos los medios de comunicación del país sabían con pelos y señales que se habían montado operativos para proceder a la ejecución de la orden de captura de Alfonso Portillo, lo cual obviamente fue filtrado con la intención de que le llegara aviso al dirigente político y así pudiera tomar sus medidas para librarse de la diligencia judicial. Se sabe que desde hace casi dos semanas la noticia había sido filtrada a un medio escrito, lo cual no puede sino verse en el contexto de cómo funcionan los instrumentos de la impunidad en el país y cuánto interés había para que se conociera que la mano de la justicia se estaba acercando a la figura de ese dirigente político. En materia de corrupción, consideramos fundamental que se vea que existen mecanismos de investigación que pueden permitir la sindicación con prueba fehaciente en contra de quienes se aprovechan de su posición para enriquecerse ilícitamente. Y bueno es que otros países investiguen la forma en que los políticos manejan sus cuentas bancarias porque el dinero mal habido de todos modos tiene que pasar por esas instituciones en el proceso de su blanqueo. Ojalá que el mismo patrón en el caso Portillo sea utilizado al investigar la fortuna de otros ex presidentes guatemaltecos porque todos sabemos que no se trata de un caso aislado, sino de la constante del ejercicio del poder en nuestro país y que varía el mayor o menor grado de sofisticación que hay en las formas de latrocinio.