Las fuerzas de seguridad públicas a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob) no quedaron exentas de la violencia generada en 2009, pues varios de sus miembros fueron asesinados por grupos del crimen organizado, que según analistas buscaban dejar el mensaje del poder incontrolable que ejercen en el paí­s.

Durante este año, 11 miembros del Sistema Penitenciario (SP) fueron asesinados en diferentes fechas y zonas del paí­s; mientras que 34 agentes de la Policí­a Nacional Civil (PNC) murieron en cumplimiento de su deber.

Según Rudy Esquivel, vocero penitenciario, desde febrero iniciaron los ataques contra el SP, cuando varios hombres armados dispararon contra la sede de la institución y dejaron un agente muerto y otro herido, esto debido a la polí­tica iniciada de reestructuración de perfiles criminales en las diferentes cárceles del paí­s.

En los siguientes meses la situación recrudeció: el 7 de septiembre perdieron la vida un subdirector, un alcaide y dos custodios de la institución, cuando se dirigí­an por distintos puntos a realizar tareas relacionadas con la institución.

En su momento, se atribuyó la responsabilidad de los ataques al pandillero Jorge Yair de León, alias «el Diabólico», quien fue trasladado de la cárcel de El Boquerón, Santa Rosa, al Centro Preventivo para Varones de la zona 18, junto a Jacobo Pérez Reynoso (a) «Yau del Iguar» y a José Balmore Alegrí­a Merino (a) «el Psyco».

Esto no terminó allí­, pues el 8 de octubre cinco atentados se perpetraron contra miembros de la PNC, el resultado fue de dos muertos, dos heridos y serenazgos y patrullas dañadas.

En los hechos no dejaron de faltar las armas de grueso calibre, pues en una de las escenas del crimen quedaron por lo menos 49 casquillos de fusil AK-47 y 9 milí­metros.

Los hechos fueron similares a los perpetrados contra los miembros de presidios; gradualmente, con poco tiempo de diferencia, vehí­culos y armas fueron utilizados por los autores materiales, lo que apunta a que usaron estrategias bien planificadas.

Cuando esos sucesos acontecieron, el Ministro de Gobernación argumentó que fue una acción del crimen organizado, por el traslado de reos de alta peligrosidad hacia la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.

El funcionario afirmó que en el caso de la PNC estaba preparada para actuar y enfrentar a los responsables de esos actos.

«MENSAJE DE PODER»

Según analistas en seguridad, con estos hechos se confirma la falta de gobernabilidad de las fuerzas de seguridad, quienes fueron vulneradas por el crimen organizado, que dejó un claro mensaje: «demostrar el poder que ejercen aún en prisión».

Según Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la situación fue aprovechada para arremeter contra las fuerzas públicas y evidenciar el problema de vulnerabilidad de los integrantes de la institución policial y crear pánico en la sociedad, que se encuentra sin las medidas de seguridad necesarias.

«Si pueden matar policí­as, en cualquier momento lo van a hacer con un ciudadano común y corriente, es un mensaje definitivamente que se lanza a la población en general, porque cuando se suscitó esa serie de ataques la Policí­a estuvo actuando para defenderse», dice Polanco.

De forma similar opina Mario Mérida, analista independiente, quien cree que estos grupos cometieron esos hechos con un propósito claro.

«Cuando se atacan las fuerzas públicas se está enviando un mensaje, lo que nos está diciendo es que por un lado, quienes lo cometen, tienen la capacidad de ejecutar ese tipo de acciones con absoluta impunidad, lo segundo también nos dice algo que no se ha querido entender, es que la medida en que se han graduado precipitadamente policí­as, en esa medida ha bajado su capacidad de entrenamiento», dice el analista.

Según se indica, quien comete esos hechos está diciendo que tienen capacidad de enfrentarse a la autoridad y que se facilita por el poco nivel de entrenamiento que tienen las fuerzas de seguridad pública.

Mérida sostiene que las dos instancias a cargo del Mingob fueron atacadas seguramente por la relación entre sí­, una encargada de procurar la custodia y rehabilitación de quienes ya fueron condenados, así­ como de prevenir el delito.

«Lo que amarra las acciones contra las dos instituciones, una que tiene que hacerlo dentro de las cárceles y otra que desde afuera en la prevención del delito interviene en los negocios que se dan de las extorsiones desde los presidios», señala.

Por su parte, las autoridades de Gobernación, en varias ocasiones han reiterado estar preparadas para enfrentar a los grupos del crimen organizado y buscar mecanismos que ayuden a contrarrestar la problemática.

Según afirman, la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, es una herramienta útil que sin duda contribuirá para la desarticulación de los grupos criminales que mantení­an en zozobra a la población guatemalteca.