Estar del lado de la ley como operador de justicia podría parecer favorable si se piensa que el sistema brinda seguridad en todo momento, pero ¿Qué pasa cuando este derecho no se garantiza a los jueces y magistrados? Juristas que trabajan en el Organismo Judicial accedieron a hablar sobre su situación fuera de los juzgados, cuando las luces se apagan y cambian su rol social por el familiar.

Los muros de los juzgados y del Palacio de Justicia resguardan diariamente a cientos de operadores que mantienen en pie el sistema judicial de Guatemala, pero al terminar las labores diarias se enfrentan a la violencia e inseguridad a la que están expuestos la mayoría de los guatemaltecos, con el agravante de encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad por la labor que realizan.

Óscar Sagastume, titular del Juzgado Tercero de Sentencia Penal, dice que trata de mantener los pies en la tierra al separar el trabajo de la vida personal, sin olvidar que dentro del Organismo Judicial es un juez constitucional y ese cargo implica muchas responsabilidades en todo momento.

El juzgador asegura que al salir de la corte se enfrenta a una realidad de violencia bastante cruel, ya que aun siendo funcionario público no está exento de sufrir los embates de la inseguridad.

En su papel de juez, Sagastume se toma un tiempo para explicarle a las personas que los jueces no viven dentro del juzgado o permanecen encerrados dentro de la esfera del Organismo Judicial, y al salir de su oficina cada tarde se convierten en un ciudadano más.

PRECAUCIONES
Según el Juez Tercero, nunca ha tenido necesidad de contratar seguridad para él o su familia, pues afirma que mantener un bajo perfil es suficiente para conservar su seguridad y bienestar. Aun así, dice que no está de sobra tomar precauciones adicionales para evitar complicaciones cuando se conduce por las calles.

Las precauciones son mucho más precisas al llegar a su casa, aunque sea vea obligado a priorizar la seguridad de su familia sobre su comodidad.  Estar siempre atento es parte de su rutina, señala.

Al preguntarle acerca de amenazas recibidas, aceptó ser víctima de algunas pocas, que con el tiempo se demostró que no eran serias, sino más bien producto del descontento de las resoluciones del juzgado para el que trabaja.  “No he recibido amenazas directas ni advertencias de materializarlas. He tratado de vivir una vida normal, con las precauciones normales”, dijo.

En el caso de Sagastume nunca ha interpuesto una denuncia en el Ministerio Público y esto se debe a que cree firmemente que hacer publicidad a una situación puede atraer demasiada atención y posicionarlo en un estado de vulnerabilidad.

“Se despiertan inquietudes en personas que pudieran tener algún interés en atentar en contra de mí o mi familia cuando se publica la posición como funcionario judicial”, indicó.

VIDA FAMILIAR
Con la situación de violencia que impera en el país las familias de los jueces y magistrados viven preocupadas, aunque los operadores de justicia intentan transmitir tranquilidad a sus seres queridos, así lo dijo el Juez Tercero, quien acostumbra conversar con su familia sobre su situación laboral.

“Como integrante de una familia tengo que ir al mercado, pasar a la gasolinera, colegio, reuniones sociales”, dijo.  “A veces uno siente que lo miran a uno y lo individualizan y dicen: Es el juez que lleva tal caso. Y lo estandarizan a uno como un funcionario público”, agregó.

En su caso, para nada se trata de utilizar vehículos blindados y guardaespaldas, punto que aclaró pues sabe que las personas tienden a pensar que por ser funcionario público se gana mucho dinero, pero asegura que no es así.

“Ser juez no es solo un cargo, es una responsabilidad”, asegura Sagastume, pues se asume un reto, una función. Es ahí donde siente que deja de ser un ciudadano común, pues al entrar a la corte debe tomar decisiones que permitan la buena administración de la justicia.

Miguel Gálvez, juez de Mayor Riesgo, coincide con el Juez Tercero acerca del cambio de vida que obligatoriamente ocurre al convertirse en administrador de justicia, pues desde hace 15 años que trabaja en el OJ y su estilo de vida se ha tornado más aislado.

Por su parte la jueza Elia Berdúo Samayoa, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo de Familia, con 31 años de experiencia, dice que su trabajo ha forjado en ella una disciplina que consiste en saber llevar el cargo a todo lugar sin perder de vista los roles que se juegan en cada uno.

“En la casa, es diferente. Allá yo soy madre, no llego como jueza”, explicó.

Aun así, considera que los jueces de familia también enfrentan situaciones de vulnerabilidad porque tratan con los sentimientos de las personas y la idea malentendida de que se está siempre del lado de alguien.

Berdúo también ha sufrido de intimidaciones por teléfono en más de una ocasión. Fue entonces cuando la jueza de familia decidió protegerse y pedir seguridad.

PASIÓN Y DESVELO
Berdúo asevera que trabaja en el Organismo Judicial por vocación, porque le gusta. “Me gusta ser jueza”, dijo.

“No lo veo como una forma de ganarme la vida sino de realizarme de manera personal y profesional”, afirma la profesional.
Igualmente asegura que su gran satisfacción está en el rostro de las personas que complacidas llegaron a un acuerdo. A pesar de ello la jueza confesó con pesar que tanta carga laboral menoscaba su salud.

“Inevitablemente en alguna ocasión se queda mal con A o con B”, dijo Luis Fernández Molina, quien fungió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante 5 años.

De su experiencia como funcionario, Fernández dijo que hay intereses fuertes, que de interponerse, conllevan gran un riesgo y así surgen las amenazas por teléfono, notas o insinuaciones para tratar conseguir “el favor” de los magistrados y jueces.

El exmagistrado cuenta que en ocasiones le pedían favores que se entendía que eran parte de una manipulación. “Si resuelves en tal sentido te quedaremos agradecido…”, cuenta que leían los mensajes, pero aun así mantuvo la convicción de que es necesario resolver conforme a derecho.

De acuerdo a Iduvina Hernández, de Seguridad de Democracia, los riesgos a los que están expuestos los funcionarios son principalmente intimidación, intentos de soborno e intentos de  desprestigio y daños a la integridad física.

“Las características de los grupos que operan con impunidad en Guatemala son los causantes de los altos niveles de riesgo a los que los operadores  de justicia se ven enfrentados”, adujó Hernández.

¿FALTA DE PRESUPUESTO?
Un tema que va de la mano de estos riesgos es la capacidad del Organismo Judicial para responder ante los funcionarios en caso de amenazas. Para ello está la Dirección de Seguridad del OJ, creada mediante el decreto 44-2012.

José Quezada, encargado de la Dirección, dijo que para proveer seguridad a los trabajadores del organismo deben realizar un análisis sobre el entorno del funcionario, que da como resultado su nivel de riesgo.

El formato base consiste en un análisis de las vulnerabilidades de esa persona, que son internas y las amenazas que podría sufrir, de índole externa.

Al preguntarle qué jueces y magistrados son más propensos a sufrir amenazas y ataques, dijo que ello depende de los casos que conozcan, del cargo que ostenten y de la región en la que trabajen y aclaró que todos tienen probabilidades de sufrir de alguna amenaza o ataque.

Las probabilidades aumentan si se conocen casos de crimen organizado o temas de impunidad, opinó Hernández. Por su lado, Berdúo en este tema asegura que los jueces penales son los más vulnerables.

Lo que prosigue luego de que el análisis arroje índices de riesgo es asignar al funcionario recursos para su seguridad. Quezada dice que la dirección, que es relativamente nueva, cuenta con vehículos, agentes  capacitados y el equipo necesario, como el armamento, comunicación y otras herramientas para proteger a los funcionarios de justicia. 

Asimismo se apoyan en el Ministerio de Gobernación para complementar la seguridad, contando con el apoyo y resguardo de agentes de la Policía Nacional Civil de las Unidades Especiales.

Sobre la insuficiente asignación presupuestaria otorgada por el Congreso para la inversión de insumos de seguridad, algunos jueces confirmaron que el OJ no cuenta con los fondos suficientes para protegerlos, pero  Quezada dijo que se le proporciona seguridad sin límite a los funcionarios, a algunos sólo se les da guardaespaldas, a otros carro y seguridad, y solo se les retira hasta que se aseguren que el peligro ha pasado.