Como un acto que hizo valer la soberanía del Estado, calificó el diputado Arístides Crespo del FRG, la resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja sin efecto la detención de los militares retirados involucrados en la quema de la Embajada de España.
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El secretario adjunto del Frente Republicano Guatemalteco y mano derecha del general Efraín Ríos Montt, reiteró que basados en Derecho, la Corte Española no tiene jurisdicción sobre nuestro país, pues abrirle las puertas a un organismo extranjero es regresar 500 años, a la época de la conquista.
«Las personas que crean que son perjudicadas por ciertas situaciones, deben acudir a las instancias correspondientes que existen en Guatemala. Considero que contamos con suficientes instancias legales para poder plantear los temas que a los guatemaltecos compete», puntualizó Crespo.
El parlamentario aplaudió la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues a su criterio el cuerpo emitió el dictamen «apegada a Derecho, con valentía y patriotismo», al indicar que un tribunal extranjero no tiene nada que hacer en nuestro país», declaró con beneplácito.
Arístides Crespo aseguró que los anuncios sobre nuevos planteamientos legales obedecen al juego y al trabajo de esas organizaciones. El parlamentario declaró que «algunas ONGs reciben dinero de instituciones extranjeras y ese es su trabajo, actuar en ese tipo de temas y creo que no lo van a dejar de hacer, porque dejarían de ser lo que son: instancias que reciben ayuda internacional y por eso van a recurrir a instancias internacionales».
Rechazo
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, rechazó la resolución de la CC y anunció que interpondrá acciones legales en contra del Estado de Guatemala a nivel nacional e internacional.
Benito Morales, abogado defensor de Menchú, declaró que existen puntos oscuros en el dictamen y «hay una preferencia de resolver en favor de los acusados y dejar en total desamparo y sin la garantía de derecho a la justicia de miles de víctimas del conflicto armado interno».
La resolución de la Corte, según la Fundación Menchú «persigue suspender las órdenes internacionales de detención que fueran giradas vía Interpol y, además, por la vía diplomática, derivadas de la investigación abierta por la Audiencia Nacional de España, dentro del caso iniciado hace ocho años por Menchú Tum, en donde se denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del conflicto armado en Guatemala».
Otras organizaciones de la sociedad civil y activistas de Derechos Humanos también rechazaron la resolución de la CC y preparan acciones para manifestar su molestia públicamente.