El jueves 19 de la semana pasada, en el auditorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), un grupo de ciudadanas y ciudadanos lanzaron a la conciencia nacional, la necesidad urgente de constituir un frente amplísimo con esos propósitos.
El clamoroso llamamiento se hizo con base en el aciago hecho histórico que Guatemala es una sociedad construida sobre la injusticia, desde 1524, pues desde entonces un pequeño grupo de familias extranjeras se adueñaron de las tierras y las riquezas del país que pertenecían a los pueblos mayas y otros aborígenes, que constituyen en la actualidad la mayoría de los guatemaltecos. Y ese pequeño número de familias oligárquicas, al principio hispánicas, luego criollas y ahora mestizas que se adueñaron del poder para su propio enriquecimiento, a la gran mayoría de guatemaltecos los han reducido a la exclusión, a la pobreza y extrema pobreza.
Sólo entre 1944 y 1954, un proyecto democrático-revolucionario realizó cambios beneficiosos al pueblo: se emitió el Código del Trabajo y a los trabajadores se les garantizaron plenamente sus derechos, especialmente el de libre organización sindical, se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se estableció un sistema de Banca Central que garantizaba que la banca estatal y privada estuvieran al servicio de las necesidades del país y de su desarrollo económico, se innovaron los servicios públicos de educación, se crearon las Escuelas Tipo Federación, así como los de salud pública, se fomentó el deporte y se construyó la Ciudad Olímpica, ahora Estadio Mateo Flores, se construyeron la carretera del Atlántico, el Puerto de Santo Tomás de Castilla y la hidroeléctrica Jurún Marinalá, para liberar al país del dominio de empresas monopólicas extranjeras y se hizo una Reforma Agraria que entregaba las tierras ociosas a los campesinos, etc. etc.
Pero, la intervención militar del imperio estadounidense apoyada por la clase dominante de Guatemala, destruyeron el proyecto político que empezaba a cambiar la triste y dura historia de la nación guatemalteca.
Desde entonces, los ricos del país, muchos de ellos herederos de los invasores hispánicos, se reagruparon en el CACIF y aliados con el imperio de los Estados Unidos de América, vienen empeorando la situación del país: suprimieron o debilitaron muchas de las conquistas de la Revolución de Octubre de 1944 e impusieron un proyecto político, económico y social, propio o sea de las familias oligárquicas y del imperialismo norteamericano, tan represivo y pernicioso que nos llevó a los guatemaltecos a una guerra de cuatro décadas (desde 1954 a 1996), cuyas consecuencias han sido fatales para el pueblo. La situación se ha agravado con la inclusión del artículo 218 de la Constitución de 1956, que declaró de utilidad y necesidad públicas la explotación de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales. Y lo mismo se preceptúa en el artículo 125 de la Constitución vigente, la de 1985. Disposiciones que, además de entregar a empresas transnacionales casi gratuitamente nuestros valiosos recursos naturales no renovables, han traído como consecuencia la contaminación de ríos y lagos y daños a la salud de la población.
Hoy, 12 años después de la firma de la paz, la situación de pobreza de los guatemaltecos es cada día peor y la crisis mundial de alimentos y energética, amenazan condenar a la miseria y a la muerte por hambre a la mayor parte de la población. Y, además los habitantes sufren el impacto de la violencia de la criminalidad y de autoridades de las fuerzas armadas, generalmente para preservar los privilegios de la oligarquía nacional y de los intereses de las empresas transnacionales y de la política de dominación del imperio del Norte.
De manera que la lucha por la recuperación de la soberanía, de la dignidad y solidaridad en Guatemala, implica, entre otras acciones, y como mínimo, el restablecimiento de las condiciones económicas y sociales del único período de la historia de Guatemala, en que la gran mayoría de los guatemaltecos decidimos nuestro futuro y logramos convivir digna y fraternalmente.
Y, ahora, con la nueva amenaza de la pobreza extrema, el hambre de más de la mitad de la población guatemalteca, la corrupción de no pocos funcionarios, jueces y magistrados, así como dignatarios del Organismo Legislativo, a salvo de sus desmanes por la impunidad reinante, situación que se agrava por las políticas neoliberales de la globalización impulsada desde Washington, y ante el sometimiento de todos los gobiernos que desde julio de 1954 se han sucedido en el poder, a la hegemonía oligárquica nacional -representada en el CACIF- y, al imperialismo, los guatemaltecos sin distinción de género, de clases sociales o de etnia, debemos unirnos para enfrentar a esos poderes que, junto con otros poderes paralelos, nacionales y foráneos, han hundido en la opresión, la pobreza y el hambre al pueblo de Guatemala.
Ante esta situación, un grupo de guatemaltecos, representantes de distintos sectores sociales (hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de la tercera edad, indígenas, mestizos, obreros, campesinos, trabajadores en general, estudiantes, maestros, profesionales, intelectuales, artesanos y artistas, religiosos, sindicalistas, etc.) hemos tomado la iniciativa de reagrupamos en el FRENTE POPULAR POR LA SOBERANíA, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD, con el fin de luchar como el nombre mismo de la organización lo sugiere, por la soberanía, la dignidad y la solidaridad entre los guatemaltecos.
Nuestra propuesta cívico política y económica se sintetiza en cinco puntos:
1. Que se devuelva la tierra a los campesinos (entiéndase Reforma Agraria)
2. Que los ricos paguen los impuestos de acuerdo con su riqueza, (entiéndase justicia tributaria)
3. Que haya comida para todos producida en Guatemala (entiéndase que el medio de producción tierra, cumpla con su función social, conforme al principio constitucional que ordena: el interés social prevalece sobre el individual y que se restrinja a lo necesario la importación de alimentos, y se fomente la producción nacional.
4. Que haya trabajo para todos en condiciones de dignidad (entiéndase acabar con la inhumana política fenicia, ahora neoliberal, de valerse de la indigencia de la población para explotarla a grado sumo).
5. Que el Estado haga efectiva una política de salud, preventiva y construya clínicas y hospitales, así como extienda la educación pública a todo el territorio nacional y al efecto instale escuelas en todas las poblaciones.
Quienes se hacen responsables de esta propuesta patriótica son los guatemaltecos: Rafael Piedrasanta Arandi, Carlos Enrique Wer G., Ricardo Rosales Román, Víctor Recancoj, Tristán Melendreras, Jorge Murga Armas, Guadalupe Chuta, Roberto Romero T., Rosa Pu Tzunuj, Ramiro Ramírez, Víctor Pérez, Gustavo Díaz, Miriam Colón de Bauer y, quien ha resumido el pronunciamiento de este Frente, el suscrito, Alfonso Bauer Paiz.