Hace tiempo que sostengo que es imprescindible que hagamos frente a la impunidad por crímenes y violaciones de derechos humanos. La violencia e inseguridad que nos atenazan no podrán ser superadas nunca, en tanto el Estado sea incapaz de impartir justicia. La tarea no es fácil y no está libre de barreras, como el sistema judicial y la Corte de Constitucionalidad, ni escaso de obvios peligros; pero es urgente.
Nos alienta que organizaciones sociales y de derechos humanos, al rechazar la actuación de miembros del Organismo Judicial y del Ministerio Público en el caso del señor ílvaro Matus, a quien la CICIG había solicitado que se procesara, hicieron un llamamiento a hacer un frente contra la impunidad. Aparte de sumar a organizaciones, este frente debe abrirse a la participación individual, porque nuestra gente está harta de la falta de justicia y de encubrimientos. Para evitar que esa justa ira se desborde, hay que dar la oportunidad de participar a quienes piensen que es tiempo de rescatar el estado de Derecho.
La impunidad es un fenómeno muy complejo que solamente en los últimos 20 años las Naciones Unidas han empezado a abordar, creando entre otros instrumentos los tribunales penales especiales y la Corte Penal Internacional; pero, invariablemente, pasa por la incapacidad del sistema de justicia nacional para procesar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes, sean estos delitos comunes, violaciones de derechos humanos, crimen organizado, delitos políticos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Los responsables de esa criminalidad utilizan todos los mecanismos legales y políticos a su alcance para esquivar la justicia y, cuando estos se agotan, siempre pueden recurrir a su poder económico-político o a nuevos crímenes. Se reproduce así el ciclo delito-impunidad-delito.
Urge romper este ciclo del mal. Al reanalizar el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que pronto cumplirá 10 años de existencia, causa espanto el hecho de que siendo Guatemala el único país latinoamericano en el cual se dictaminó que hubo genocidio, ninguna persona ha sido procesada por ese delito. ¿Qué conclusiones pueden extraer las maras, los asaltantes y hasta los miembros del crimen organizado cuando nadie rinde cuentas por los 200 mil muertos a manos del Estado? Independientemente del mandato específico que tenga, la CICIG debe orientar al país a eliminar la impunidad y recuperar la justicia. Si para ello hay que recurrir a policía internacional y la creación de tribunales especiales, éste es el momento de hacerlo.
No obstante, somos todas y todos los ciudadanos quienes tenemos la responsabilidad principal por el rescate de la justicia. Por eso el llamamiento a la creación del Frente contra la Impunidad es oportuno, justo y necesario. Desde el exterior me sumo al mismo y, junto con colegas, plantearemos que la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) se adhiera con energía y dedicación. Podemos jugar el papel de vínculo con la solidaridad internacional, que tanta importancia tuvo para lograr la paz. Doce años después de la firma de los Acuerdos de Paz, ya es tiempo de que la comunidad internacional exija cuentas al Estado de Guatemala.