Se ha hablado mucho de la colombianización del paí­s por el tema del narcotráfico, pero hay que darse cuenta que también puede surgir algún movimiento con tintes de narcoguerrilla, porque es indudable que hay una conflictividad social muy grande, especialmente en el tema agrario, y ya se ha dicho que los traficantes han financiado invasiones con el fin de lograr apoyo de pobladores para construir y cuidar pistas de aterrizaje, lo que establece un ví­nculo que puede ser indeleble entre grupos campesinos y quienes reaccionan para darles apoyo extenso para que se adueñen de la tierra que han reclamado sin éxito.

No pretendo, por supuesto, satanizar al movimiento social ni decir que atrás de todos los reclamos esté el narcotráfico, pero sí­ quiero advertir al Gobierno sobre el riesgo de que la demanda social insatisfecha sea explotada por grupos del crimen organizado que necesitan crear condiciones de más anarquí­a e ingobernabilidad para facilitar el trasiego de drogas por el territorio nacional. Veamos el caso de las FARC en Colombia, grupo armado que es tipificado por el Gobierno de ese paí­s y por los medios internacionales como una narcoguerrilla en donde se mezcla el apoyo y respaldo de los cárteles de la droga a cambio de apoyos económicos y logí­sticos, con cuestiones de lucha social. Esa mezcla es la que ha permitido a las FARC sobrevivir como el movimiento armado más longevo de América Latina, pese a la presencia masiva de la fuerza militar norteamericana en Colombia.

Y un Estado que se muestra incapaz de atender los reclamos de su sociedad y que llega a mostrar su ineficiencia hasta en el patético mantenimiento de un absoluto régimen de impunidad, en el que florece desde el crimen hasta el despojo, puede convertirse en ví­ctima de esa explosiva mezcla. El peligro de Guatemala en las condiciones actuales es que ante la falta de implementación de los temas sustantivos de los acuerdos de paz que pretendí­an atacar las condiciones que dieron lugar al conflicto armado interno, resulte que el descontento de grupos sociales termine siendo capitalizado por aquellos grupos criminales a los que les convendrí­a aumentar aún más la crisis de gobernabilidad y para quienes la presencia de grupos sociales que puedan alterar la paz social vendrí­a a mejorar las condiciones en las que realizan sus ilí­citos negocios.

Los movimientos sociales deben tener especial cuidado para no caer en juegos ajenos que, al final, nada tienen que ver con las reivindicaciones populares pero que pueden aprovecharse de ellas. Ya suficiente satanización hay al tildar de delictiva y hasta de terrorista a la protesta de sectores organizados como para ponerle de guinda el ví­nculo con el narcotráfico. Pero siendo realista, el Gobierno tiene que entender que la demanda social insatisfecha es combustible para alimentar esa mezcla explosiva que puede darse entre los grupos que sienten que el sistema y el Estado les dieron la espalda y los grupos criminales a los que conviene aumentar la anarquí­a.