Cuando se trata sobre condiciones de vida, en la mayoría de ocasiones los expertos se enfocan en las cifras de inflación y salario, y exponen con sus tablets y computadoras lo “normal” de las estadísticas macroeconómicas.

Lo que muchas veces obvian es el lado humano de este tema: el cómo subsisten las familias que se encuentran en condiciones de pobreza y cómo el aumento de los precios de los alimentos lacera sus bolsillos e inevitablemente agrava la seguridad alimentaria de buena parte de la población considerada vulnerable.

Frecuentemente se piensa que obtener un empleo pleno y productivo, así como un trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes, es la mejor manera para erradicar la pobreza extrema y el hambre que sufre a diario la mayoría de la población  guatemalteca.

Se estima que en Guatemala existen miles de familias que subsisten apenas con ingresos inferiores a un dólar diario, lo cual origina otros problemas más graves como la desnutrición, la deserción escolar en los niños y el alto índice de personas que ven en la delincuencia una nueva forma de vivir.

Sin embargo, en términos económicos la inflación y su repercusión en los precios de la Canasta Básica Vital agudiza y agrava esta situación de precariedad.

Según los últimos boletines del Instituto Nacional de Estadística, el costo de la Canasta Básica Alimentaria se incrementó en un 0.26% en los últimos meses. Esta cifra no resulta preocupante para algunos analistas, sobre todo si se toma en cuenta que es la tasa de inflación mensual más baja durante el último año y que viene reduciéndose desde el pasado mes de febrero.

Esto no implica que la percepción de la población sea la misma, pues la carestía de la vida y la insuficiencia de los ingresos de las familias es la constante realidad, donde los pobres son más pobres, y mientras la riqueza queda como usualmente ocurre, en pocos bolsillos.

Para Carlos Martínez, coordinador del área socioeconómica del Ipnusac, el mayor registro de inflación está ubicado en los precios de los alimentos y la inflación que anuncia el INE o el Banco de Guatemala es un promedio basado en el Índice de Precios del Consumidor.

Según el investigador, este incremento afecta a la población más pobre del país que no cuenta con los ingresos suficientes para comprar sus alimentos. En el caso de la población rural, señala, que tienen una economía de sobrevivencia y producen sus propios alimentos, el impacto negativo es directo.

En este tema, Luis Mack, analista independiente expone que este es un fenómeno económico de la inflación y conlleva a que más personas no tengan medios económicos de subsistencia, lo cual genera insatisfacción ciudadana, porque no se satisfacen las necesidades mínimas.

“Lo que está generando también esta situación es presión social. Es por eso que todas las medidas económicas de los Gobiernos deben procurar combatir la inflación y generar oportunidades de empleo, que son las dos características que podrían permitir a los ciudadanos, adquirir los bienes y servicios para su vida diaria”, explica Mack.

Además, el investigador argumenta que aunque la medida gubernamental de fijación de precios tope es positiva, no resuelve el problema de manera estructural.

Por aparte, Mack indica que los precios tope así como los programas sociales del actual Gobierno solo contribuyen a que la pobreza continúe siendo un “círculo vicioso”.

“Los niños que nacieron pobres seguramente seguirán siendo pobres, porque tienen deserción escolar, desnutrición; y por eso van a repetir la pobreza. Por eso es importante una política de protección social. El otro nivel es de la productividad, que no solo tiene que sacar a las personas de la pobreza sino darle oportunidades de empleo dignas”, puntualiza.

¿CÓMO AFECTA?

La inflación y la pobreza se reflejan en la vida de Nicolasa Cruz, o como la llaman en su círculo de amigos y conocidos, Doña Nico, quien tiene cinco hijos, todos a su cargo, pues es madre soltera.

Sus hijos estudian, pero recalca lo difícil que resulta comprar el material que piden en la escuela, sobre todo sin un empleo e ingreso monetario fijo. “Es un reto diario porque si tengo para comprar un material no voy a tener para darles de cenar”, dice.

A diario las poblaciones más desfavorecidas sufren una mayor vulnerabilidad laboral que el resto de la población; hecho ligado a su propia condición social y el estigma de pobreza, pero también a la impunidad con la que se pueden aprovechar de ellas los empleadores sin que éstas puedan realmente defenderse.

Doña Nico, quien indica vivir en la zona 18, es claro ejemplo de ese irrespeto o indiferencia, pues afirma que cuando sale a buscar trabajo, y dice que vive en la colonia Lomas de Santa Faz le responden que no puede trabajar porque es de una zona roja y “ahí solo personas malas viven”.

La entrevistada relata que aunque todos los trabajos son dignos, le alcanzaría con tener un empleo y un salario fijo para cubrir todas sus necesidades. Admite a la vez que no solo tener un ingreso fijo es suficiente, sino también el respeto.

“Que me respeten como persona. Porque muchas veces he sido discriminada por el lugar donde vivo o por tener muchos hijos. Cuando estuve trabajando en una casa lo primero que la señora me decía era que debía tener a mis hijos debajo de la pila porque si no iban a ensuciar el piso; o que mis hijos agarraban los juguetes. Pero tenía la necesidad y yo lo aguantaba por eso y para que mis hijos tuvieran que comer”, aduce.

Doña Nicolasa cuenta que actualmente se emplea en diferentes oficios informales, pero que a veces se gana lo suficiente para subsistir y otras veces no corre con la misma suerte.  “Me piden un favor o hacer mandados y los hago. También voy dos veces por semana a un taller de reciclaje, que es lo que más me ayuda, porque si yo trabajo más y si hay una venta, puedo vender mi artesanía. He trabajado hasta de ayudante de albañil. Tal vez para muchos no es un trabajo digno, pero para mí sí porque me da de comer”.

La realidad laboral más generalizada en el país es el autoempleo. Este ofrece la ventaja al trabajador que lo que se gana es para uno mismo, sin embargo, no está garantizado un pago justo por el trabajo realizado.

SALARIO VS CANASTA

Desde la crisis económica que golpeó a varios países a nivel mundial, la recuperación financiera ha avanzado a pasos lentos. Sin embargo, el costo de la vida sigue en aumento, pues los sueldos o las ganancias no han aumentado de la misma manera o a la misma velocidad.

El salario mínimo actual es de Q2 mil 324 al mes, lo que escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, y mucho menos las de una familia, pues el salario mínimo es mucho menor al precio de la canasta básica -Q4 mil 551.46- para cinco integrantes.

Según datos del Estudio de Opinión Pública sobre Trabajo Decente y Economía Informal de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), un gran porcentaje de la población vive con menos de esa cantidad.

El estudio indica que el 57% de los asalariados tiene un salario por debajo del mínimo. Asimismo, expresa que en el trabajo informal (albañilería, ventas informales, cargadores, personas que lavan ropa), la ganancia se mantiene o baja, cuando el precio de los materiales varía.

Por otra parte, se estima que el tipo de trabajo que se consigue desempeñar en la economía informal, suele aportar la ganancia necesaria para que la familia se alimente por un día, lo cual mantiene la precariedad e impide consolidar bases de ahorro para mejorar o superar la situación de pobreza en que viven.

Doña Nico manifiesta que a veces gasta Q40 diarios en alimentos, pero está consciente que lo que han dejado de comer por ser caro, como cereales o leche, es importante para el crecimiento de sus hijos.

“Comemos lo normal, que para muchos no lo sería, pues en nuestra casa solo consumimos arroz, frijol, fideo, tortilla y de vez en cuando comemos pollo porque es más barato que la carne. Si compro una libra de carne que cuesta Q23, con eso mejor compro dos libras de frijol y una de arroz y me alcanza para las tortillas. Y ya con eso desayunamos, almorzamos y cenamos”.

En la familia de doña Nicolasa Cruz también se consumen verduras, pues  declara que “es lo más cómodo”. A veces compran una bolsa de ejote que cuesta Q5 o huevos para el almuerzo.

EDUCACIÓN COMO BARRERA

Desde la primaria al diversificado, incluyendo las formaciones técnicas, la educación se considera gratuita, pero esto no se cumple e impide a las familias más pobres la oportunidad de adquirir cierta experiencia laboral que el mercado podría requerir en algún momento. Por lo mismo, quienes han estudiado en ocasiones tampoco logran obtener un trabajo.

Doña Nicolasa Cruz revela que estudió hasta quinto grado de primaria, pues explica que  proviene de una familia de escasos recursos y cuando estaba pequeña todos sus hermanos trabajaban.

“Mi mamá hacía lo mismo que yo: torteaba, lavaba ropa, estrujábamos chile o chipilín en La Terminal. Pienso que porque mi mamá ya no tenía dinero es que no siguió dándonos estudio, pero sí nos enseñó a trabajar. De alguna manera, sé ganarme la vida”.

Finalmente, Doña Nico recalca que ha tratado de darles educación a sus hijos para que tengan mejores oportunidades de desarrollo y por ende, un mejor nivel de vida.

PROPUESTAS

Se cree que para superar esta situación de desventaja en la que familias como la de Doña Nico atraviesa, es importante no solo poner en evidencia esta problemática, sino también cambiar la forma de funcionamiento del mercado laboral, sobreponiendo el desarrollo personal de estas familias en estado vulnerable en el centro del sistema económico y social. Asimismo, se hace imperante que se propicie la generación de empleos y el posterior pago de salarios justos y acordes a las necesidades básicas.

Luis Catalán, coordinador de un movimiento que trabaja con familias de la calle, sugiere una concientización social y colectiva; donde el patrono esté consciente de que existe el salario mínimo, que es un instrumento legal y que por lo tanto se debe cumplir y lo debe hacer cumplir en este caso el Ministerio de Trabajo y sus empleados.

Catalán recomienda también concientizar a las personas mismas que sí tienen la capacidad de mejorar sus condiciones de vida; así como a los ciudadanos guatemaltecos que de una y otra forma también pueden aportar en este proceso de educación.

Para Carlos Martínez, del Ipnusac, como en los grandes negocios, los beneficiados siempre son los empresarios y los entes económicos, por lo cual considera que la producción de alimentos es quizá lo que menos preocupa al Gobierno actual, reflejado en los recursos mínimos que se le asignan a los programas de seguridad alimentaria.

“Aquí hay un dilema, entre lo que debería hacer el Gobierno y lo que hace”.

Luis Mack propone iniciar a discutir el modelo de desarrollo económico que tiene Guatemala y generar una solución de largo plazo integral. “Además, establecer una alianza nacional o un pacto nacional que permita a los guatemaltecos superar las diferencias y trabajar hacia un objetivo común. El problema es que en el país hay demasiadas agendas, y el Gobierno no puede solo, tampoco la sociedad ni los empresarios. Tiene que ser la conjunción de los tres sectores las que saquen adelante al país”.