Mencionaba en mi anterior artículo, que el desafío que está imponiendo a la sociedad la serie de acciones delincuenciales, cuya expansión evidentemente se encuentra en condición de despliegue total, es la conformación de un frente común de la ciudadanía honrada en contra de la delincuencia. Hacía la sugerencia también que la convocatoria a esta integración quede en manos de lo que he denominado «la intelectualidad del país», entendiendo a tal y para este propósito, como el conglomerado de hombres y mujeres cuyo espacio de desenvolvimiento en la actualidad se encuentra dentro de la academia nacional (universidades y centros de investigación social, públicos y privados). Así también a otro tipo de personas que puedan tener el arrojo de abanderar esta causa y que a su vez el resto de la ciudadanía les otorgue el beneficio de la credibilidad personal. Los líderes vendrán después.
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El Grupo de los Cuatro o Grupo Garante (integrado por las autoridades de las Iglesias, el Rector de la San Carlos y el Procurador de los Derechos Humanos) al tener la senda de responsabilidad de evaluar el grado de avance de la promoción de la justicia y la seguridad a cargo de los tres presidentes de los Organismos del Estado, no les dejaría la posibilidad de ser los conductores del frente en cuestión, pero no es excluyente. Por ello, sin embargo, me inclinaba a la asunción de otro tipo de convocantes para la conformación de este Frente Nacional Contra la Delincuencia. Ya se han producido las marchas que propuse en esa ocasión, pero hemos de ir más allá de la demanda de seguridad. Más allá de la protesta, hemos de llegar a la propuesta o más bien al conjunto de propuestas.
En otras sociedades atacadas por este flagelo, han sido las propias autoridades las que han convocado. Entre nosotros el grado de polarización en el que se han desenvuelto los últimos acontecimientos no hace viable tal iniciativa. Pero el problema está ahí. La respuesta ante esta escalada de violencia debe ser de la sociedad en su conjunto, pero con responsabilidades compartimentadas a partir de la definición de una ruta precisa para su enfrentamiento, lo que se ha dado en llamar acciones integrales que habrán de incluir una amplia participación de la ciudadanía.
La situación nacional es aún más compleja, pues apelar a la aplicabilidad de la pena de muerte, con los vacíos normativos existentes en este momento, no hacen sino darse como expresiones de simple demagogia. Entonces la temática debe ser abordada con mayor seriedad, más allá de las pasiones electorales o politiqueras. La temática y todos los temas propios, en su momento habrán de involucrar, queramos o no, al Congreso de la República. Es en el Foro Nacional en el que se tendrá que subsanar lo atinente a las leyes para velar por una justicia pronta y cumplida. Pero el tema va más allá.
En el Organismo Judicial y toda la Corte Suprema de Justicia se habrá de asumir con coraje su enorme responsabilidad para que pueda producirse en efecto la aplicación de la justicia. Investigación criminal sin que desencadene una actitud judicial severa, simple y sencillamente no tiene repercusiones contra la criminalidad. Y la justicia no tiene que ser selectiva en su aplicabilidad, tiene que ser ecuánime y pronta, sino tampoco puede ser llamada justicia.
Entonces, encontrarnos frente a la delincuencia, repito, no es otra cosa que constituirnos en un Frente Nacional Contra la Delincuencia. Este sigue siendo un momento apremiante para intentar un nuevo esfuerzo para encausarnos hacia el sendero de la paz, la seguridad y la tranquilidad, sobre la base de una justicia cuya aplicabilidad no sea discriminativa. Este es el momento de despojarnos de intereses sectarios o particulares y emprender un verdadero movimiento nacional para el cambio, con seguridad y justicia como principales pivotes del desarrollo. Los momentos de grandes desafíos requieren de enormes sacrificios. Estas circunstancias ameritan tal esfuerzo colectivo.