Los linchamientos y la limpieza social son los fenómenos más visibles de toda esa descomposición que manifiesta nuestra sociedad, pero hay hechos deleznables como el asesinato de un lí­der comunitario en San Juan Sacatepéquez que se enmarcan en la misma crisis, en el mismo deterioro de las instituciones y esa tendencia preocupante a que se use la fuerza para dirimir cualquier conflicto. La discrepancia en una comunidad respecto a obras que puedan tener impacto en una determinada región son normales y comprensibles, pero lo que no se puede aceptar es que lleguemos a la conclusión de que todo se tiene que arreglar simplemente a la fuerza, visión que obviamente comparten muchos desde distintas pero igualmente funestas perspectivas.

La ausencia de un sistema de justicia probo y eficiente que garantice la aplicación de la ley sin distorsiones de ninguna especie hace que el ciudadano recurra cada vez con mayor virulencia a tratar de aplicar lo que cree que es su propia justicia. Ese fenómeno lo vemos desde las reacciones colectivas ante un accidente de tránsito en el que se actúa con violencia contra alguna de las partes, hasta situaciones más graves como un conflicto comunal como el que se vive en San Juan Sacatepéquez por la polémica generada a raí­z de una inversión para construir una planta cementera.

Llegamos al punto en el que no valen razones y lo que cuenta es la capacidad que tengan las partes para imponer su criterio y por ello es que la tendencia es muy fuerte a que proliferen no sólo las medidas de hecho sino también las acciones de fuerza. Es la manifestación suprema de la crisis del Estado porque cuando se muestra tanta incapacidad para administrar la justicia y resolver conforme a derecho, de manera que prevalezca la legalidad, generamos un caos incontenible que tarde o temprano nos pasará una enorme factura.

Querer enfocar el problema de San Juan Sacatepéquez desde el punto de vista de los intereses empresariales confrontados con los intereses de parte de la población es erróneo, porque el problema no está en la existencia de la controversia, sino en la ausencia de mecanismos adecuados para superarla. Y ello es resultado de que se castró al Estado al punto de hacerlo inútil. Nunca se logró reducir el tamaño del Estado pero sí­ se logró el objetivo esencial de aniquilarle el poder para que, como dicen los neoliberales, no se entrometa en la vida de los ciudadanos. Y fue tan «exitoso» el esfuerzo que hicieron que hoy en dí­a nos encontramos con una debilidad institucional que llegó a la misma esencia del Estado en la administración de justicia y provoca a los ciudadanos, en todos los estratos, a aplicar simplemente la ley del más fuerte o del más violento, que para el caso viene a ser lo mismo.

Conflictos siempre pueden darse en un colectivo social, pero la civilización consiste en que puedan resolverse con apego a procedimientos enmarcados en ley. La aniquilación de las funciones del Estado nos devuelven a la ley de la selva que es la que ahora impera.