La Corte Nacional Electoral de Bolivia (CNE) frenó ayer por razones legales los referendos convocados por decreto por el presidente Evo Morales para validar el 7 de diciembre su proyecto de una nueva Constitución, en otro matiz que puede agudizar la crisis política del país.
José Luis Exeni, presidente del organismo electoral boliviano, justificó la decisión en conferencia de prensa al señalar que para llevar adelante los plebiscitos «se requiere una convocatoria por parte del Congreso Nacional mediante una ley de la República» y no, como se hizo, mediante decreto del Ejecutivo.
«Mientras existan estos impedimentos de orden legal no vamos a poder administrar estos procesos», agregó, al difundir una resolución de sala plena que respalda esa determinación.
Exeni informó que la CNE se reunió para analizar los decretos firmados la semana pasada por Morales para aprobar la nueva Constitción, de corte estatista e indígena, para la elección de subprefectos (subgobernadores) y la máxima extensión de las propiedades privadas. Todos estos temas son rechazados por un grupo de regiones opositoras al gobierno central.
Además, Morales llamó a las urnas para elegir a los nuevos gobernadores de los departamentos de Cochabamba (centro) y La Paz (oeste), cuyos titulares fueron revocados en el referendo del 10 de agosto. El jefe de Estado recibió allí un amplio respaldo, de 67,4%.
Justamente dicho referendo generó dudas sobre irregularidades en el padrón electoral, razón por la cual el titular de la CNE dijo que en paralelo se realizará una auditoría con la cooperación de la OEA, que brindará asesoría técnica.
El gobierno de Morales, que cuenta con el referendo del 7 de diciembre para fortalecer su posición política, aún no emitió una posición.
La convocatoria del mandatario de origen indígena, el jueves pasado, fue criticada por los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que anunciaron una «resistencia civil» a los referendos constitucional y al que debe definir la extensión legal de la propiedad agrícola, que afectará a los ricos agroindustriales de los llanos orientales.
Entre las medidas que se barajan está no permitir que el referendo se realice en esos territorios, que generan 70% del PIB boliviano y donde vive 30% de la población.
El proyecto constitucional que impulsa el mandatario izquierdista fue aprobado en diciembre de 2007 por la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente, tras disturbios en la ciudad de Sucre que dejaron tres civiles muertos y centenares de heridos.
La aprobación se dio sin la presencia de la oposición y en condiciones consideradas irregulares por los detractores del gobierno.
Ese clima de posiciones irreconciliables aleja cada vez más un escenario de diálogo, que tanto Morales como los prefectos (gobernadores) de las cinco regiones dicen querer.
Los prefectos opositores llamaron hace una semana a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Iglesia Católica a mediar en un diálogo con el poder Ejecutivo para zanjar la crisis política pero las iniciativas sólo se han quedado en deseos.
Bolivia está sumida en una fuerte crisis política desde mediados del año pasado, agravada por el referendo del 10 de agosto, del cual salieron fortalecidos -gracias a las fuertes votaciones de apoyo que obtuvieron- Morales y los prefectos opositores.
El gobierno del presidente izquierdista de Bolivia Evo Morales calificó hoy de ilegal la decisión de la Corte Nacional Electoral de frenar el referendo de diciembre, llamado por decreto para aprobar la nueva Constitución de corte indígena y estatista.
«Hemos recibido con sorpresa (la decisión) y hemos establecido que no tiene efectos jurídicos y no tiene efecto vinculante», afirmó el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, principal abogado que asesora al gobernante aymara.
«Las elecciones no pueden paralizarse, la Corte Nacional Electoral no puede suspender los referendos y está obligada a continuar administrando el proceso», añadió Arce, citado por el canal privado de televisión ATB.
La semana pasada, Morales decretó sendos referendos para aprobar la nueva Carta Magna y para decidir la extensión máxima de las propiedades privadas. Asimismo, decretó elecciones para autoridades regionales.
Según el ministro, el decreto que aprobó la semana pasada el gobernante Morales se adecúa a una ley aprobada por el Congreso en febrero pasado que ensamblaba los dos referendos sobre la Constitución: el dirimitorio sobre la extensión máxima de las propiedades privadas agrícolas (5 mil o 10 mil hectáreas) y el aprobatorio del texto global de la norma.
La intención del oficialismo de hacer aprobar su ley fundamental en las urnas motivó el rechazo de cinco regiones de Bolivia que se oponen a la nueva Carta Magna.