Francia se convirtió hoy en el tercer país de la Unión Europea en firmar un tratado de extradición con China, que prevé la repatriación de ciudadanos perseguidos por la justicia de aquel país donde la pena de muerte sigue en vigor.
Según el ministro francés de Justicia, Pascal Clement, «la extradición no será concedida mientras el gobierno francés no reciba las suficientes garantías de que la pena máxima no será pronunciada o ejecutada contra la persona extraditada».
Muy criticado por asociaciones de defensa de los derechos humanos, este tratado es idéntico a los firmados con España y Portugal, explicó el viceprimer ministro chino de Relaciones Exteriores, Dai Bingguo, que firmó este acuerdo junto a Clement en París.
Además, el ministro de Justicia explicó que la extradición tampoco se realizará en casos considerados «delitos específicamente políticos o militares».
Para entrar en vigor, el texto debe ser ratificado por el Parlamento francés y su suerte depende del nuevo gobierno y de la nueva mayoría en la Asamblea Nacional (Cámara baja) que surgirá de las próximas elecciones presidenciales y legislativas.
Desde que comenzó a ser negociado, este acuerdo despertó las críticas de organizaciones humanitarias quienes recuerdan a Francia que en China «se cometen graves violaciones de los derechos básicos del ser humano, comenzando por la pena de muerte, las formas abusivas de detención, la tortura y los comportamientos inhumanos y degradantes contra los presos».
China mantiene un gran secreto sobre el número de ejecuciones que realiza pero en 2005, fue responsabilizada de al menos 1.770 por organizaciones como Amnistía Internacional, aunque la cifra podría ser muy superior.