Mientras Guatemala se encuentra entre los 18 paí­ses considerados como «paraí­sos fiscales» por el Gobierno francés, el vicepresidente Rafael Espada señala que actualmente existen por lo menos 50 casos sobre este tema que deben ser agilizados por las autoridades.

Como «Estados y territorios no cooperadores en materia fiscal» han sido nombrados tanto Guatemala como Costa Rica, Panamá, Belice, República Dominicana, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y Granadinas entre otros.

Debido a ello, la nación francesa ha decidido establecer un castigo que consistirá en imponer un arancel del 50% a los dividendos, ganancias e intereses que sean otorgados por entidades de aquél paí­s hacia residentes de cualquiera de esos territorios.

PERSECUCIí“N

Al respecto de esta información, el vicemandatario dijo desconocer el dato, sin embargo, confirmó que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo menos 50 casos de evasión fiscal.

Para Espada existen juicios que tienen entre seis y diez años de estar en la CSJ, por lo que se ha solicitado a ésta que dichos procesos se agilicen y se establezca un tiempo prudente, dentro del marco legal del paí­s, para que un juez resuelva los casos.

«Es ilógico que un caso esté 10 años en los juzgados y que esté dando vueltas todaví­a, incluso ya son casos perdidos», afirmó el vicegobernante.

Por otro lado, el vicemandatario explicó que las gestiones que se han realizado para evitar nuevos casos de defraudación fueron también determinantes para lograr las dos capturas recientes sobre los dos sindicados de evadir al fisco.

«Necesitamos hacer algo y por eso les solicito a las autoridades empresariales que nos ayuden, no es que yo esté señalando a ninguno, estoy diciendo que la transacción financiera en Guatemala está mal hecha y hay que corregirla», aseguró Espada.

BILLONES

Además, el vicemandatario informó que luego de hacer llegar a la Embajada de Estados Unidos, Presidente y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre otros, el informe en donde se anuncia que la banca guatemalteca dejó de percibir $1.2 billones por transacciones realizadas en Estados Unidos, se conformará un equipo técnico que realice investigaciones para encontrar nombres y apellidos de los involucrados.

También se anunció que se solicitará una revisión similar a la empresa que proporcionó los datos, aunque ésta se pidió para los años 2006 a 2009.