El gobierno francés amenazó con cerrar las empresas que empleen a trabajadores en situación irregular y anunció que impulsará un «arsenal contra el abuso» empresarial en Francia, donde oficialmente hay hasta 400.000 empleados en negro, en su mayoría extranjeros.
«Si se confirma que la actividad de una empresa se basa en el trabajo ilegal o el empleo de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, se podrá cerrar administrativamente esa empresa», anunció AYER el ministro francés de Trabajo, Xavier Darcos en el diario francés Le Parisien.
Con el objetivo de luchar contra el trabajo ilegal y el empleo de sin papeles, que en Francia serían oficialmente entre 200.000 y 400.000, en su mayoría de ífrica negra y del Magreb, el gobierno impulsará una ley que endurecerá las medidas aplicadas, como por ejemplo aumentar las inspecciones.
El ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, precisó que ese texto de ley contemplará «un arsenal completo de lucha contra los abusos» de las empresas como un aumento de las multas a las empresas en falta y el «reembolso de las ayudas públicas».
Los sectores que concentran la mayor parte de los trabajadores en situación irregular son la construcción, la restauración, la seguridad y la limpieza.
Aunque la «acumulación de sanciones no es forzosamente una buena señal», afirma el lunes en un editorial el diario económico francés La Tribune, antes de recordar que a fines de 2007 las multas por trabajo ilegal ascendieron a 118 millones de euros (178 millones de dólares), es decir, «el doble en dos años».
Al hablar de extranjeros que trabajan en negro es imposible no abordar el asunto de la inmigración y de la política migratoria.
Darcos afirmó que su «misión no es intervenir en el tema de la regularización, sino combatir el trabajo en negro» que representa un costo que el ministro francés de Trabajo estima en el «4% del PIB francés, es decir 60.000 millones de euros» (89.000 millones de dólares) o el «equivalente al presupuesto de educación».
No obstante aclara que propondrá que los trabajadores en situación irregular «que serán enviados a sus países de origen» también reciban, como aquellos que no sean extranjeros pero estén sin contrato de trabajo, las indemnizaciones que les correspondan por el tiempo trabajado.
Las advertencias del gobierno a las empresas que emplean a trabajadores en situación irregular se producen días antes de una reunión entre el gobierno y los principales actores sociales en el marco de la Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Ilegal, prevista para el jueves.
La semana pasada, más de una decena de entidades sociales y sindicales, entre éstas el sindicato CGT y la Liga de Derechos Humanos, pidieron al gobierno que sigan adelante las negociaciones sobre la regularización de 5.000 trabajadores sin papeles que están en huelga desde mediados de octubre en diversos puntos de Francia, pero especialmente en la región parisina.
El titular de Inmigración, que hace unas semanas lanzó un debate sobre la identidad nacional francesa, advirtió que «las medidas de regularización masiva están proscriptas porque crean una mayor afluencia de extranjeros en situación irregular», es decir el denominado «efecto llamada».
Estos anuncios del gobierno de derecha del presidente Nicolas Sarkozy, que reivindica temas predilectos de la ultraderecha, intervienen cuatro meses antes de unas disputadas elecciones regionales, en marzo de 2010.
Por el momento, el opositor Partido Socialista (PS), no presentaba una posición unánime: para algunos dirigentes todos los trabajadores sin papeles tienen que ser regularizados, para otros ello tiene que hacerse en función de ciertos criterios.