“En América Latina, Guatemala fue uno de los peores lugares para ser un trabajador, sin garantía de los derechos…”
(2014. Informe Índice Global de Derechos.)
Si esto no es suficiente, el actual Gobierno militar, oligárquico y neoliberal impulsa reformas al Código de Trabajo desfavorables para la clase trabajadora, me refiero a la iniciativa 4703 presentada al Congreso Nacional y que, ya cuenta con dictamen favorable de la respectiva Comisión legislativa.
Afirmo que la iniciativa de reforma, transgrede la protección de los derechos laborales, criminaliza la justa y legítima lucha de la clase trabajadora.
Aquí los trabajadores del campo y la ciudad están desprotegidos, tanto en términos de derechos laborales como en seguridad social. Los derechos conquistados y expresados en normas de observancia general, plasmados en el Código de Trabajo promulgado por el Gobierno revolucionario de Juan José Arévalo, producto de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, son ignorados por los empleadores y el Estado que desde 1954, ha sido incapaz de hacer cumplir las leyes y de tutelar los derechos que asisten a la clase trabajadora.
En otras palabras, el Estado, los empleadores y las élites económicas del país, violan por igual los derechos de los trabajadores, reconocidos en el Código de Trabajo, las leyes vinculantes, los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
Es tal la fragilidad laboral existente, que recientes informes de organismos sindicales y observatorios internacionales, han denunciado la inestable condición de los trabajadores guatemaltecos. Un ejemplo de la afirmación anterior, son los informes del Índice Global de Derechos y de la Confederación Sindical Internacional CSI, que ponen al descubierto las prácticas laborales injustas que sobresalen en el país. Ustedes se preguntarán, cuáles son esas prácticas injustas, pues entonces hablemos un poco de eso, los informes identifican algunas que son de dominio público: Impago de horas extras laboradas, incumplimiento de pagar el salario mínimo normado (sobre todo en el área rural), inestabilidad laboral, extensión arbitraria de la jornada de labores, incumplimiento en el pago de prestaciones laborales e indemnización, inadecuadas condiciones de trabajo, insalubridad ocupacional, inseguridad social, en suma, explotación y sobreexplotación de la mano de obra y la fuerza de trabajo en abierta violación a las leyes nacionales e internacionales.
Pero lo anterior no es todo, además de incumplir los derechos laborales, ahora también se criminalizan las luchas y las demandas de la clase trabajadora y se continúa con la práctica de las amenazas e intimidaciones. ¿Y eso cómo ocurre?, sigo citando ejemplos, asesinatos (en los últimos años, las organizaciones sindicales han denunciado más de 65 ejecuciones de dirigentes de trabajadores), desapariciones forzadas e involuntarias, despidos y suspensiones de empleados que intentan negociar mejores condiciones de trabajo o resistencia a la denominada “flexibilidad laboral”, incumplimiento de convenios sobre libertad sindical, protección de los derechos de sindicación y de huelga. Como vemos, no es por gusto que tanto la Organización Internacional del Trabajo OIT, como el Departamento de Comercio y Trabajo de los Estados Unidos, señalen a Guatemala como un país que se distingue por incumplir los derechos laborales.
En términos de justicia laboral, ante esta evidente, lacerante e incuestionable realidad, coincido con la opinión de dirigentes sindicales guatemaltecos cuando afirman que en el país, predomina la impunidad laboral.
¡Alerta clase trabajadora, NO A LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO!