El conflicto que enfrentó a agricultores y al gobierno argentino por la millonaria renta de las exportaciones de soja entró en una frágil tregua, tras la suspensión por 30 días de una huelga que duró tres semanas, y con amenazas de productores de retomar la medida de fuerza si no avanzan las negociaciones.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo hoy que «el diálogo con el campo está abierto», pero insistió en que durante la prolongada huelga que provocó escasez de alimentos en el país «hubo actitudes que buscaron desestabilizar al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner».
La mesa de diálogo entre autoridades y dirigentes ruralistas, que aún no tiene fecha para comenzar, encontrará algunos obstáculos, ya que la relación entre el gobierno y el campo se enrareció durante los 21 días de huelga, y está marcada por una sombra de desconfianza mutua, según analistas locales.
«No queremos que nos vuelvan a «versear» (mentir), no queremos que pasen 30 días y de nuevo nos quedemos con las manos vacías. Si es así, vamos a volver a cortar las rutas», advirtió Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que congrega en su mayoría a ganaderos de la rica Pampa Húmeda y otras regiones agrícolas.
Unas 400 carreteras fueron bloqueadas durante la huelga por productores, que impidieron el paso de camiones con mercancías agropecuarias, lo que generó escasez de alimentos en todo el país. Esa situación comenzaba a normalizarse hoy, según asociaciones de supermercados y propietarios de carnicerías.
El Mercado de Hacienda de Liniers, el más importante de la ganadería en el país, localizado en Buenos Aires, volvió a recibir ganado vacuno hoy, cuando ingresaron un mil 107 cabezas, lo que permitió reiniciar la distribución minorista del producto más importante en la dieta de los argentinos.
«El desabastecimiento fue una consecuencia de la medida de fuerza, no un objetivo», disparó Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria (FA), que reúne a cien mil pequeños productores, durante una asamblea multitudinaria ayer, en la que se decidió el levantamiento transitorio de la huelga.
El dirigente, de origen peronista, repudió la comparación de la desactivada medida de fuerza contra la política fiscal para el campo con un «lock out» patronal que antecedió en febrero de 1976 al sangriento golpe militar del 24 de marzo de aquel año, que instauró una sangrienta dictadura militar.
La comparación fue realizada por Kirchner en su discurso del martes durante un multitudinario acto en apoyo a su gobierno en la Plaza de Mayo, durante el cual rogó a los huelguistas levantar los «piquetes» en las rutas, tras considerarlos un agravio contra el pueblo.
«La presidenta hizo una rara mezcla entre los que nos arrogamos la representación de los pequeños productores y algo que pasó en febrero de 1976. Me parece que tenemos que contestar», respondió Buzzi, antes de enumerar a varios dirigentes rurales perseguidos por el régimen militar.
La huelga agraria derivó en la primera crisis política que enfrentó Kirchner en sus primeros cuatro meses de mandato, con ruidosas protestas de opositores en las calles de Buenos Aires y otros puntos del país.
La medida se tomó en rechazo a un esquema de tasas móviles a las exportaciones de soja, principal producto de exportación del país, que estableció alícuotas que variarán en función de los precios internacionales de la oleaginosa, y que los huelguistas consideraron confiscatoria.
El gobierno intentó desactivar el conflicto al anunciar reintegros de impuestos a unos 61.300 pequeños productores, que representan el 80% del total, pero responden apenas por el 20% de la cosecha de granos.
Argentina es el primer exportador mundial de aceites y harinas de soja y el tercero de granos de la oleaginosa, y la actual cosecha del considerado «oro verde» del siglo XXI está calculada en unas 24 mil millones de dólares.