La situación de violencia que sufre Guatemala nos obliga a abordar el tema del fracaso de las instituciones y, obviamente, del mismo Estado en el cumplimiento del más importante y esencial de sus fines, definido en el inicio mismo de nuestra normativa constitucional. Ninguna función es tan importante como la protección de la persona humana y no existe deber más grande que el de garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y su desarrollo integral.
Tales son los contenidos de los dos primeros artículos de la Constitución de la República de Guatemala en el que se define los fines y deberes del Estado, mismos que evidentemente no pueden ser cumplidos en las actuales circunstancias porque estamos desbordados por la violencia y la criminalidad. Razones se pueden esgrimir muchas, pero ninguna tan decisiva e importante como el imperio de la impunidad que no se generó por casualidad sino que es producto de una decisión de Estado durante el conflicto armado interno, que terminó por enraizarse en las estructuras de justicia al punto de que hoy en día es imposible suponer que se pueda realmente aplicar la ley, sobre todo cuando se afectan intereses del crimen organizado.
Si a las deficiencias estructurales de nuestro sistema de justicia sumamos la presencia del narcotráfico en el país, con sus poderosas armas que incluyen las de alto poder ofensivo, pero de las cuales la más importante y significativa es la corrupción de nuestras instituciones y de sus miembros, tenemos que entender que el rumbo que lleva la Patria es destructivo y que no se atina a plantear soluciones de fondo y definitivas. Es más, la presencia de los defensores del crimen organizado en todos los niveles de la vida en sociedad es descarada y se manifiesta en la tenaz oposición a que se puedan implementar políticas de combate a la impunidad. Lo hacen descaradamente, sin empacho y sin rubor, porque saben la enorme importancia que para sus fines criminales tiene la persistencia del régimen absoluto de impunidad.
Ningún gobierno en Guatemala tiene un reto tan decisivo y crucial como el de rescatar la institucionalidad del país y arrebatar las instituciones a las redes criminales. Todo lo demás sale sobrando porque, aunque se puedan cumplir medianamente algunas de las otras funciones del Estado, el incumplimiento craso del deber de garantizar la vida y la seguridad de las personas tipifica sin babosadas ni ambages el Estado Fallido, puesto que no sólo se incumple con esa garantía, sino que además es patética la ausencia de legalidad en un país que no puede administrar justicia. Luchar contra ello es reto del gobierno y de la sociedad.