Las excusas del Gobierno para justificar el atraso en la reconstrucción tras el terremoto del pasado 7 de noviembre van desde la falta de recursos financieros y el incumplimiento de donaciones, hasta las complicaciones institucionales generadas por la corrupción;

Para las autoridades, el fracaso en este proyecto pasa como una promesa incumplida, pero para los damnificados implica alejarse cada vez más de la esperanza de recobrar su vida normal.

El presidente Otto Pérez Molina prometió que el 30 de junio de 2013 terminaría el proceso de reconstrucción, que incluye la edificación de 7 mil 310 viviendas destruidas por el terremoto que el año pasado afectó a ocho departamentos, pero principalmente a San Marcos, Sololá y Quetzaltenango.

Sin embargo, la promesa no se cumplirá, y como lo hizo Óscar Berger con el desastre de la tormenta Stan y Álvaro Colom con los impactos de la tormenta Ágatha, los damnificados tendrán que esperar hasta que se supere el desorden burocrático, la corrupción y la falta de recursos para que se materialicen las ofertas.

En el caso de los afectados por el terremoto tendrán que aguardar hasta diciembre, es decir, el doble de tiempo que se había previsto en un principio para reedificar las áreas que colapsaron por el seísmo.

Jorge Hurtarte, subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), con orgullo comenta que «en la última entrega de casas que el Presidente y el ministro Alejandro Sinibaldi hicieron en San Marcos, ambos se comprometieron a que toda la gente iba a tener su vivienda para antes de Navidad».

Mientras tanto, miles de personas afectadas siguen viviendo en albergues y otros ya los han dejado, pues prefirieron buscar asilo en otro lugar, pero la mayoría descartó la idea de que algún día les reconstruirán sus viviendas.

Los retrasos afectan al occidente del país, una de las regiones que se caracterizan por los altos índices de pobreza y la escasa presencia de las instituciones del Estado, de tal manera que el terremoto solo confirmó que las áreas más pobres son también las menos priorizadas.

EL ORIGEN DEL RETRASO

Mientras la desesperanza afecta a los pobladores de San Marcos, Sololá y Quetzaltenango, donde se está llevando a cabo la construcción de las nuevas viviendas, en la ciudad de Guatemala, un lugar lejano y diferente al destruido por el terremoto, se encuentran las principales causas del retraso del proceso de reconstrucción.
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Para la construcción de las viviendas se esperaba que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) estuviera a cargo, pero esto no fue así. Al realizar el plan de reconstrucción se estableció que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), el Ministerio de la Defensa Nacional y el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) tendrían a su cargo la reconstrucción de las 7 mil 310 viviendas, en coordinación con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

El plan de reconstrucción no sólo está basado en construir casas, sino que también incluye el arreglar e implementar sistemas de agua y saneamiento en los departamentos afectados, tanto donde se edificarán casas como en otros lugares que se vieron sacudidos por la fuerza del terremoto, tal es el caso de Huehuetenango, Quiché, Retalhuleu, Suchitepéquez y Totonicapán; de esto está a cargo el Instituto de Fomento Municipal (Infom).

De la reconstrucción de escuelas está a cargo el Ministerio de Educación (Mineduc); para los centros de salud y hospitales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); y para las cárceles y comisarías, el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Hurtarte, subsecretario de la SCEP y coordinador de la reconstrucción, explicó por qué la ambiciosa promesa del mandatario Pérez Molina ya no pudo ser cumplida y finalmente los afectados tendrán que esperar más de un año para que termine el proceso.

La primera razón es la inexistencia de una ley de fondo de emergencia, pues según Hurtarte, las vicepresidenta Roxana Baldetti se vio en “las carreras” de conseguir dinero para financiar la primera fase de reconstrucción.

Para esto, la salvación fue el fondo común, ese dinero que los ministerios no efectúan, pese a las múltiples necesidades que padecen todas las carteras. Otro fondo monetario que utilizaron fueron los préstamos, esos que adquiere Guatemala sólo para pagar intereses ya que no se ejecutan.

Otro problema que se tuvo que enfrentar fue la falta de transporte, derivado de una falsa promesa que hizo un donador de la iniciativa privada, que al ver la magnitud de lo que el gobierno tenía que reconstruir, decidió retirar la ayuda. Fue así como el comité de reconstrucción se quedó sin medios para trasladar los materiales de construcción desde la Capital hasta los lugares más remotos donde se iba a llevar a cabo el plan.

«Sin dinero para contratar a los camiones, el plan se paralizó», se justificó el subdirector. Pero eso no era lo único; según Hurtarte, ya no había fondos para pagar mano de obra, pues se habían agotado en la construcción de casas de la primera fase, en la cual se construyeron 45 casas.

Hurtarte aseguró que quería trabajar al mismo ritmo, pero sin dinero para transporte y mano de obra, y sin que el Ministerio de Finanzas abriera la cartera para designar instituciones ejecutoras era difícil, por eso cuenta que se vio obligado a decirle a las instituciones encargadas de la reconstrucción, que debido a problemas financieros la nueva fase ya no se iba a manejar al mismo ritmo.

CASO FONAPAZ

Debido a que Fonapaz ya no puede ejecutar más obras, pues se encuentra en proceso de liquidación, la construcción de 2 mil 496 casas será parte del legado al nuevo fondo que le sustituirá.

Sin embargo, las casas reconstruidas no están del todo pagadas; Fonapaz dejará una deuda de Q1 millón 100 mil, derivado de los trabajos por la demolición de casas que se encontraban en riesgo, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que será el que tenga a su cargo el nuevo fideicomiso.

También al saldo pendiente se le suman Q35 mil por pago al personal que laboró cargando y descargando materiales de construcción a camiones, así como Q350 mil por retribución a los trabajadores que se encargaron de la construcción de las casas, además de Q30 mil por el pago de bodegas.

No obstante, hasta la fecha solo ha entregado 65 viviendas, de las cuales 50 se ubican en Quetzaltenango y 15 en San Marcos.

Fonapaz cerrará sus funciones en medio del proceso de reconstrucción, debido a los señalamientos de corrupción en la administración del fondo, que hasta el Presidente ha reconocido.
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DESORDEN INSTITUCIONAL

De acuerdo a Jorge Alberto Ramírez, del observatorio de reconstrucción del Centro de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres (Cenacides), se pudieron identificar varios aspectos que generaron retrasos.

El primero que Cenacides reconoce es el desorden institucional, pues con la creación del Comité Nacional de Reconstrucción se dejó a un lado el principal ente encargado de acción en los casos de desastre, que es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), encargados de las normas de reconstrucción.

Ramírez asegura que el origen del desorden institucional que generó el no realizar la reconstrucción como se debería, fue a causa de la repartición de cuotas de poder, porque las instituciones encargadas están representadas por la élite política del partido oficial, indicó.

El representante de Cenacides asevera que el cierre de Fonapaz no es una excusa, puesto que al dejar de funcionar dicho fideicomiso, inmediatamente se hubieran trasladado los fondos al Fopavi o se debió crear inmediatamente el nuevo fondo, y agrega que fue «exagerado» lo dicho por el Presidente al decir que el 30 de junio terminarían de construir las casas.

“Al paso que va la reconstrucción se tardarían hasta cuatro años en terminar”, concluye Ramírez.

Alejandro Maldonado, director de la Conred, afirma que al inicio las metas del gobierno «fueron bastante ambiciosas», pero considera que va bien y descarta que haya desorden en el Comité de Reconstrucción.

Maldonado explicó que el atraso se debió a las limitantes que presenta el país, como el difícil acceso del transporte a las áreas de reconstrucción, el revisar que las viviendas soporten un nuevo desastre, así como la disponibilidad de la cantidad de material para edificar el número de viviendas establecidas.

El papel de la Conred ha sido verificar que los planos cumplan con las normas específicas de construcción establecidas en el país y la evaluación de habitabilidad de los sitios donde se van a reconstruir las viviendas, expresó el funcionario.

Al respecto, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo que el atraso se debió a que las tres instituciones que trabajaban en el tema de reconstrucción no se coordinan entre sí.

La congresista también indicó que el tiempo de reconstrucción que se propuso el Ejecutivo era demasiado corto y «exagerado», pero esperaba que antes de que comenzara el invierno ya estuviera construido un alto número de casas, esto debido a lo vulnerable que es el país en dicha época.

HACE FALTA

Las otras instituciones que se incluyen en el proceso de reconstrucción son el Mineduc, que trasladó Q100 millones al Micivi para la construcción de escuelas, que según Hurtarte terminan el primer paquete de escuelas este mes.

El Comité de Reconstrucción adjudicará 41 escuelas por una inversión de Q1.3 millones. Pese a que la entrega está establecida para este mes, hasta el 6 de junio llevaba un 30 por ciento de ejecución.

En cuanto al MSPAS, está en proceso de reconstrucción de centros de salud y hospitales, que podría prolongarse hasta finales del otro año; se van a construir 57 centros de atención a la salud y entre estos se encuentran 11 hospitales.

Luego están los proyectos de reconstrucción a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que se basan en la instalación de sistemas de riego y la rehabilitación de estos, que serán pagados con préstamos del Banco Internacional de Desarrollo (BID) por un monto de Q3 millones.

Están también proyectos de agua y saneamiento sin empezar, que serán financiados con préstamos del BID y donación española por un monto de Q2.5 millones.

Además se encuentra el Ministerio de Gobernación con Q100 millones sin ejecutar y que tiene a su cargo la construcción de cárceles y comisarías.

De cumplirse con el nuevo plan de reconstrucción, el proceso concluirá antes de la próxima Navidad, aunque para entonces tal vez ya sea muy tarde para las familias afectadas.