Siempre he pensado que al país le saldría mucho más barato financiar por completo las campañas de los partidos políticos en vez de que los recursos públicos sean luego espoliados por los financistas para recuperar lo que invirtieron para catapultar a los candidatos hacia el poder.
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Y creo que el planteamiento que hace el Tribunal Supremo Electoral en ese sentido tiene que ser tomado muy en cuenta, con el agregado de que si se condiciona el aporte dinerario del Estado a la estructura que tenga cada partido en todos los municipios del país, se estaría logrando la efectiva democratización para acabar con los partidos con dueño o caudillistas.
La ley actual exige a los partidos un mínimo de organización partidaria registrada en el Tribunal Electoral, pero ese mínimo se convierte en máximo porque es lo que les asegura a los dueños de las organizaciones el control de las asambleas nacionales y la posibilidad de nominar a dedo candidatos en prácticamente todo el país. Un Comité Ejecutivo ad hoc puede mantener control de unas 40 organizaciones municipales que integran con gente de confianza, pero no lo podría hacer con 300 estructuras en igual número de municipios y por ello es que no tenemos realmente partidos que tengan presencia orgánica en todo el territorio nacional.
Si el dinero estatal para sufragar gastos de campaña se amarra a la organización partidaria debidamente registrada, seguramente que veríamos un nivel más alto de democracia interna en los partidos políticos y poco a poco se irían acabando esos controles que ejerce la dirigencia capitalina. Además, hay que condicionar el apoyo del Estado a la existencia de escuelas de formación política para que se puedan tener partidos más fuertes, ideológicamente definidos y que se esmeren en preparar sus cuadros para el desempeño de las funciones públicas.
En otras palabras, el fortalecimiento de la democracia en Guatemala requiere de mejores partidos políticos y lo que se tiene que lograr es que mediante el financiamiento público únicamente vayan subsistiendo aquellas organizaciones que realmente trabajan en planes de proyección.
El financiamiento privado de las campañas será siempre difícil de erradicar porque aun recibiendo dinero del Estado, no faltarán los que quieran seguir con la política actual de inversión en política para recuperar el capital más intereses con negocios onerosos para el país y para el Estado mismo. Pero es importante legislar para evitar que se mantenga la tónica actual en la que el único que gana en una elección es quien apostó correctamente colocando su dinero en la campaña triunfadora, porque ese logra que todo el sistema se ponga a su servicio para garantizar que recupere sus aportes con extraordinarias creces.
Sigo pensando que el tema de la reforma política es fundamental y constituye la mejor prueba de fuego para establecer si realmente podemos esperar algo de nuestro poder legislativo, puesto que será allí donde se tenga que procesar toda esa propuesta pública que se enriquece de manera constante y que pretende modificar de manera radical la forma en que se maneja la política en Guatemala.
No es una exageración decir que nuestra democracia ha sido secuestrada por los financistas de las campañas políticas que son, al final de cuentas, los verdadero amos del país que obtienen cada elección una patente de corso para alzarse con todos los bienes públicos posibles en el marco de la más absoluta impunidad que rodea el vicio de la corrupción en nuestro país.
Hay quienes creen que se debe mantener confianza en el Organismo Legislativo como ejecutor de estas aspiraciones populares de mayor democracia. La reforma política será una prueba decisiva para ver si tienen razón los que aún creen en los diputados o si llevamos más razón los que hemos perdido por completo la fe.