Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las y los defensores de derechos humanos son todas las personas que promueven o procuran la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional o internacional (Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas, párr. 12).

Ellas y ellos desempeñan una labor fundamental en el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. De hecho, en diversas ocasiones, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) –incluyendo a Guatemala– han enfatizado su respaldo a la tarea que desarrollan tanto en el plano nacional como regional, han reconocido su valiosa contribución para la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, y han condenado los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan su tarea en las Américas (Resoluciones AG/Res. 1671 (XXIX-O/99) de 7 de junio de 1999; AG/Res. 1711 (XXX-O/00) de 5 de junio de 2000, y AG/Res. 2412 (XXXVIII-O/08) de 3 de junio de 2008).

Defender derechos humanos es un derecho en sí mismo y los Estados tienen la obligación de garantizarlo y proteger a las personas que dedican sus vidas a trabajar por sociedades más justas e igualitarias. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los Estados deben facilitar los medios necesarios para que las defensoras y los defensores que denuncian violaciones de derechos humanos realicen libremente sus actividades; deben protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; deben generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; deben abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, y deben investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad (Caso Valle Jaramillo vs. Colombia, párr. 91).

En Guatemala, las y los defensores de derechos humanos constituyen la voz de los sectores más excluidos. Cotidianamente levantan la bandera de la justicia, reclaman la igualdad de oportunidades, la solidaridad con las víctimas de la violencia, la garantía y respeto de los derechos más fundamentales para todos y todas sin discriminación alguna. En síntesis, los y las defensoras construyen democracia día a día.

Es por ello que no resultan válidas ni legítimas las manifestaciones de incitación al odio y a la violencia en contra de este importante grupo de personas. El Estado guatemalteco está obligado a tomar medidas frente a estos ataques que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad.

En este sentido, resulta muy positiva –y acorde con los estándares internacionales– la decisión reciente del Procurador de los Derechos Humanos en la que condena este tipo de manifestaciones y emite una serie de recomendaciones. Otros órganos del Estado deberían seguir su ejemplo y tomar medidas para garantizar plenamente el derecho a defender derechos humanos. 

Cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, cuando se permite la  estigmatización o la criminalización en su contra, la sociedad en su conjunto sale perdiendo. Guatemala necesita a los y las defensoras de derechos humanos.

*Es abogada graduada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR). Tiene un máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad Para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica y es egresada de la Maestría Académica en Administración Pública también por la UCR. Se ha desempeñado como asesora legal de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Se incorporó a CEJIL como abogada responsable de los asuntos para Honduras y Nicaragua en el litigio de diversos casos sobre violaciones de derechos humanos.