Durante un acto en el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP), el Presidente habló de la necesidad de ampliar la cobertura que ofrece el Seguro Social y mencionó concretamente a los hijos de los afiliados, a los empleados del llamado servicio doméstico y a los de la economía informal. La necesidad de implementar esos programas salta a la vista, pero indudablemente que uno de los requisitos previos tiene que ser la disposición del Estado y las municipalidades de ponerse al día con las cuotas atrasadas que durante décadas dejaron de cubrir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que, no obstante, les prestó servicio a los servidores públicos.
En vez de alentar ideas que apuntan a la privatización de la cobertura social, lo que urge es que se fortalezca al IGSS con el pago puntual del aporte de empleadores y de trabajadores para que de esa forma pueda disponer de recursos suficientes para asegurar la existencia de programas que se ven en riesgo cabalmente porque no entran todos los pagos que deben ingresar mensualmente a las arcas del Instituto. Y el mal ejemplo lo da el mismo Gobierno que no se preocupa por ponerse al día en su deuda, lo que resulta inaceptable desde todo punto de vista.
Siempre hemos considerado que es inmoral el comportamiento de instituciones que descuentan a sus trabajadores la cuota laboral del Seguro Social y no pagan nada al IGSS, porque eso significa no sólo que dañan a la institución y le limitan su capacidad de ofrecer cobertura, sino que además se embolsan el dinero de los trabajadores. Porque no pagan la cuota laboral y tampoco la llamada cuota patronal y de esa cuenta se terminan quedando con parte del salario del empleado. Y ese es cabalmente el caso del sector público cuando no cumple a cabalidad con sus pagos al Instituto.
Cierto es que el IGSS no es un dechado de perfección en el tema de los servicios a sus afiliados y abundan los casos en los que el trabajador recibe un trato inadecuado cuando busca asistencia médica, sobre todo en el campo de la enfermedad común. Pero los afiliados y aun los empleadores que pagan puntualmente sus cuotas, tienen no sólo el derecho sino el deber de exigir mejoras en el servicio que ofrece el Seguro Social y las fallas no pueden ser nunca el pretexto para evadir el pago obligado.
Ya que el presidente Colom abordó el tema de ampliar la cobertura, que nos parece totalmente adecuado, hay que plantear ahora cómo puede su gobierno ayudar a fortalecer en verdad al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.