Foro ley de desarrollo rural integral prioridad nacional III


En el primer artí­culo de esta serie abordé el tema de la Presentación del Foro, el dí­a 8 de diciembre pasado. Di a conocer las entidades y organizaciones sociales y dependencias del Estado, organizadores del Foro, las iniciativas de ley mencionadas ese dí­a y el rechazo abrumador por parte del público asistente a las iniciativas de ley mencionadas, pero ninguna que la Comisión respectiva del Congreso de la República recomendara como la que debiera aprobar el Pleno del Congreso.

Alfonso Bauer

En el segundo artí­culo, publicado el 15 de diciembre del 2009, comenté las iniciativas No. 3470, conocida por el Pleno del Congreso el 25/5/06, de la cual no opiné favorablemente por las razones expuestas en dicho escrito; la No. 3606, conocida por el Pleno el 14/2/07, a la cual sí­ considero con varias disposiciones adecuadas para que la discuta el Congreso y pueda ser aprobada; la No. 3901, vista por el Pleno el 16/9/08, la cual no ha sido dictaminada, habiendo sido presentada por la diligente diputada Nineth Montenegro y otros diputados.

Dicha iniciativa no fue mencionada en el Foro, a pesar de que a mi juicio, es contentiva de disposiciones más idóneas y efectivas para asegurar el desarrollo humano de la población rural, que las otras iniciativas.

Otra iniciativa del conocimiento del Pleno es la No. 4084, leí­da el 11/8/ del año pasado y que fue presentada por el bloque de diputados oficiales, del Partido UNE, la cual, junto con la 3606 y la 3901, debieran ser las que sirvieran de prototipos, para utilizar lo mejor de cada una de ellas, especialmente de la No 3901, y redactar una sola iniciativa de Ley Marco de Desarrollo Rural Integral.

Sin embargo, aun cuando se aprobase alguna de esas mejores iniciativas, su efecto apenas constituirí­a un alivio para los sufrimientos y múltiples necesidades de la población rural, pero no resolverí­a su grave estado de pobreza y, menos aun, alcanzar el pleno desarrollo humano. ¿Por qué?

Por los muchos argumentos y motivos que fueron esgrimidos por centenares de ciudadanas y ciudadanos que hicieron comentarios, a las iniciativas de ley el dí­a de celebración del FORO -como ya se dijo, el 8/12/09. —, entre ellos los siguientes: No se puede confiar en el consenso al que arribaron los Secretarios Generales de los Partidos Polí­ticos sobre algunas de las iniciativas de ley, porque la gran mayorí­a de ellos son de derecha y reticentes al reconocimiento de derechos de las clases populares. La polí­tica económica- social de los gobiernos de Guatemala, desde la década de los años ochenta del pasado siglo, ha sido de absoluto sometimiento a la globalización neoliberal, contraria a la polí­tica conveniente a los paí­ses no desarrollados, como Guatemala, incapaces de lograr desarrollo humano de su población rural, porque el sistema de desigualdad competitiva sólo a la agricultura de productos de exportación, monopolizada por los terratenientes latifundistas, permite enriquecimiento constante y excesivo. Pero impide el desarrollo humano de los campesinos sin tierra o minifundistas. El desarrollo rural integral, concebido correctamente por varias de las iniciativas de ley, o sea de pleno desarrollo humano de la población rural, requiere la existencia de un Estado fuerte, polí­tica y financieramente, calidades de las cuales carece el Estado de Guatemala, al punto que no ha podido establecer un régimen tributario, conforme al mandato de la Constitución Polí­tica de la República, o sea al principio de capacidad de pago, para que tal régimen sea justo y equitativo. Y si no ha podido cumplir tal norma fundamental, menos va a poder obligar a la oligarquí­a terrateniente nacional y a las empresas transnacionales agrí­colas, que en la práctica permitan el desarrollo humano de la población rural a la cual explotan a grado sumo. En la actual administración, cuyo Presidente de la República y su partido polí­tico UNE, se autoproclaman social demócratas, la polí­tica económica-social es en la práctica apenas asistencial, como lo demuestran sus programas de «Cohesión Social» y «Mi familia progresa», del todo insuficientes para tener como resultado el desarrollo humano de la población rural. Para lograr el desarrollo humano de la población rural se necesita, también, de un Estado, en el que sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tengan la firma voluntad polí­tica para hacerlo efectivo. Y no es así­, pues como otros gobiernos que le han antecedido, desde 1954, éste carece, asimismo, de esa voluntad, como lo demuestran las actuaciones y omisiones siguientes:

A) El incumplimiento de importantes preceptos de la Constitución Polí­tica de la República, tales como los de los ARTíCULOS:

1.- Protección a la persona humana y a su familia. El fin supremo: del Estado es la realización del bien común.

2.- Es deber del Estado (…) el desarrollo integral de la persona.

44- (….) El interés social prevalece sobre el interés particular.

(continuará)