El día de ayer jueves, este vespertino publicó declaraciones de la diputada Nineth Montenegro y de la contralora General de Cuentas de la Nación (CGC), Nora Segura, en las que ambas hacían eco de la necesidad de eliminar el manejo de fondos públicos a través de fideicomisos, los cuales impiden la gestión de control y revisión de cuentas que por tratarse de fondos del Estado compete a la CGC.
Sin duda ambas tienen razón, los fondos del Estado y de cualquier entidad de este, autónomas, semiautónomas o los fondos que provengan de cualquier otra actividad de cualquiera de dichas entidades públicas deben de ser fiscalizados y la CGC debería de tener acceso a la revisión y fiscalización de los mismos. Por otro lado, las entidades del Estado que manejan fondos del mismo a través de estas figuras aseguran que la ventaja de los fideicomisos consiste en la agilidad y efectividad con los que pueden ser manejados los fondos y sobre todo la inmediata disponibilidad de recursos para un fin determinado. Discusión aparte y en términos muy elementales, un contrato de fideicomiso es aquel en el que una persona, natural o jurídica (fideicomitente), en este caso el Estado, somete ciertos bienes (dinero, ingresos futuros, recursos, etc.) a una función determinada, construcción de carreteras, vialidad urbana, etcétera e instruye a otra persona, un banco u otra entidad financiera calificada (fiduciario) para que administre esos bienes, a través de un Comité del Fideicomiso (en el cual normalmente se encuentran personas designadas por el fideicomitente), con la exclusiva función de cumplir con lo que le indicó quien le proporcionó los bienes. El contrato en sí no tiene nada de malo y no debería de reñir incluso con el objetivo de todos de conocer la manera en que se administran los fondos que han sido sometidos a ese fideicomiso.
El problema radica en que ciertas autoridades convierten a los fideicomisos en que participan en barreras que impiden la gestión de la CGC y es entonces cuando sí es válido exigir la completa transparencia de los fondos que manejan o su eliminación completa como opciones para el manejo de fondos públicos. Por supuesto es increíble la reticencia de ciertas autoridades a la fiscalización, quien nada debe, nada teme, dice el dicho y seguro que deben de deber mucho para estar todavía defendiendo estas figuras jurídicas como opciones para escapar a la función fiscalizadora de la CGC. Así como se habla ya de los candados que debe o no debe de tener el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el próximo año, también debería de establecerse en la ley que dé vida a ese presupuesto que no es posible el manejo de fondos del Estado a través de fideicomisos, cuando menos, si no cuentan con un delegado de la CGC como mínimo, con poder de veto en los Comités Técnicos o de Administración de los fideicomisos. Son fondos públicos, es dinero de todos, deben de sufrir una constante y completa revisión por parte de la Contraloría General de Cuentas. Si no es posible para la CGC el ingresar a revisar esos fondos públicos, entonces y sin duda los fideicomisos deben de desaparecer como vehículos para la administración de fondos del Estado.