La Comisión Nacional de Energía Eléctrica anunció una pequeña rebaja en los precios del servicio eléctrico para el próximo trimestre, tomando en cuenta que las hidroeléctricas se encuentran en capacidad de generar al máximo por el copioso invierno que se dio en este año. Sin embargo, la rebaja no corresponde al monto que podría reducirse en la factura eléctrica porque la ley establece un mecanismo que permite crear un fondo compensatorio para evitar cambios bruscos, idea que durante algún tiempo funcionó con los derivados del petróleo hasta que en el gobierno de Ramiro de León Carpio se «liberó» el mercado.
Sin embargo es importante, en aras de la transparencia, que se conozca cuál debe ser el precio real del kilovatio y cuánto se acumulará durante el trimestre en ese fondo compensatorio, para que los consumidores sepamos exactamente qué beneficio podríamos esperar en los períodos de baja producción hidroeléctrica y mayor consumo de energía térmica.
Es un simple ejercicio de rendición de cuentas que vale la pena establecer para que no sea un instrumento que se maneje a sabor y antojo, como terminó siendo el fondo compensatorio de los combustibles, que pasó a engrosar el fondo común de los recursos nacionales sin que los consumidores nos enteráramos de que lo habían convertido, de hecho, en una especie de impuesto disfrazado.
El tema eléctrico se ha convertido en una cuestión difusa para la población porque dados los tecnicismos que prevalecen en el manejo de las tarifas y en el entorno de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, los funcionarios recurren a un lenguaje que para el común de los consumidores no dice absolutamente nada. Sería bueno que en esfuerzo por transparentar la gestión pública, se esmeren en explicar a la población en términos sencillos y comunes la estructura de precios, puesto que deberán reconocer los técnicos que en medio de esa maraña de datos, términos y cifras que manejan, se puede esconder mucho en perjuicio de alguien y beneficio de otros.
Poca gente puede interpretar a cabalidad los estudios técnicos que hace la Comisión para establecer sus pliegos tarifarios y por lo tanto, en medio de la confusión, se puede esconder mucho si hay mala intención. Por eso es que si actualmente los funcionarios actúan correctamente y no tienen nada que esconder, debieran sentar el precedente que en el futuro obligue a quienes les sustituyan a ser absolutamente transparentes explicando en forma inteligible a los consumidores por qué se les está cobrando lo que se les cobra y cómo se distribuye ese dinero entre generadores, distribuidores y demás integrantes del sector.