El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó ayer nuevos ajustes fiscales para reducir la elevada deuda pública y garantizar la sostenibilidad económica en República Dominicana.
«En los últimos dos años, la actividad económica se ha desacelerado y los desequilibrios macroeconómicos se han incrementado», detalló el organismo multilateral en un comunicado emitido en Washington luego de concluir la revisión de la economía dominicana del 2012.
El directorio ejecutivo del organismo insistió que el gobierno debe establecer un ajuste fiscal adicional al que entró en vigencia este año con un aumento del 16 al 18% del impuesto general a las ventas y nuevos tributos a productos básicos que antes estaban exentos y que desató multitudinarias protestas callejeras a finales del año pasado.
El FMI explicó en su reporte del viernes que como consecuencia de la caída de los ingresos y el aumento del gasto en 40% en el 2012, la deuda pública ascendió a la marca del 45% del PIB, 10 puntos porcentuales por arriba del periodo 2007-2008.
El organismo multilateral también sugirió eliminar las exenciones tributarias para elevar los ingresos fiscales. Muchas de las grandes empresas gozan de exenciones millonarias en la importación de equipos de producción. El FMI también insistió en la necesidad de reformar el precario sector eléctrico y ajustar las tarifas en función de los costos de la energía.
El último paquete fiscal vigente desde enero, tenía como meta sentar las bases para llegar a un nuevo acuerdo con el FMI, también gravó los intereses bancarios, la propiedad inmobiliaria, de vehículos y elevó las tarifas de los combustibles, entre otros.
Los nuevos impuestos representan ingresos por unos 55.000 millones de pesos (unos 1.375 millones de dólares) en el 2013 y se incrementarán de manera progresiva en los próximos cuatro años para enfrentar el déficit dejado por el gobierno pasado que llegó a la cifra récord de 4.600 millones de dólares (8,5% del PIB).
Diversos grupos de la sociedad civil exigían durante las protestas del 2012 que en lugar de establecer nuevos impuestos, el gobierno procesara judicialmente al ex presidente Leonel Fernández, cuya administración concluyó en agosto, y varios de sus funcionarios por haber provocado el déficit.
En un informe divulgado en noviembre pasado, el FMI detalló que el gasto público se había ejecutado en el 2012 por encima de las apropiaciones presupuestarias, «reduciendo así la transparencia».
Según datos del Banco Central, el gobierno inyectó en el 2012 más de 1.000 millones de dólares al sector eléctrico para mantener el subsidio a los sectores más necesitados y para cubrir el déficit generado por el robo de energía.