Aunque la presión social ha logrado que el Congreso apruebe algunas leyes de trascendencia para la sociedad, la aplicación de las normativas no ha sido efectiva. Los problemas que motivaron su aprobación siguen vigentes y según analistas, la fiscalización ciudadana es imprescindible para que la legislación sea puesta en marcha.

Varios sectores han buscado en el Congreso una respuesta a sus problemas a través de la presentación y aprobación de iniciativas, y todo apunta a que persiste la idea que las leyes son las herramientas que resolverán los conflictos del país. Sin embargo, la práctica ha confirmado que las herramientas legales solo son un punto de partida, ya que el mayor reto radica en su aplicación.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice un conocido refrán en referencia a la malicia que busca el mecanismo para quebrantar las leyes. Por lo que lograr que los diputados den luz verde a un proyecto parece ser solo el punto de partida para resolver las problemáticas sociales y no la meta.

“Una ley por sí sola no constituye la solución a muchos problemas; son marcos adecuados pero dependerá de su aplicación y por eso, más que evaluar por qué se aprobó una ley, es importante evaluar si se está aplicando correctamente”, opina al respecto el exdiputado Aníbal García, quien ahora dirige el Movimiento Nueva República.

“Los esfuerzos deben ir orientados a vigilar que las instituciones cumplan con su papel” y el excongresista lo ejemplifica con la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito, que si bien se aprobó en el 2012 tras varios años de espera, el Ministerio Público pareciera que aún no encuentra la forma de poder aplicarla en casos de impacto, lo cual es un factor que pone cuesta arriba su efectividad.

Sin embargo, según García, ese no es el único factor que influye, pues el papel de los ciudadanos es sumamente importante para promover la aprobación de las iniciativas y exigir su aplicación: “El ciudadano no hace suya una ley en la medida que la voz ciudadana no pesa para exigir la aplicación de la ley y de la justicia; para que exista un Estado de derecho las cosas serán iguales”, resaltó.

Al momento son varias las leyes que se han considerado como un avance importante. Sin embargo, en la práctica se cumplen a medias, y en el peor de los casos no se cumplen. La Ley de Acceso a la Información Pública es otro ejemplo claro; cuando se aprobó fue vista como un triunfo de varias organizaciones que exigían transparencia en la administración pública, pero con el paso de los años de vigencia, se evidencia que la normativa no cumple con su cometido y en ocasiones ha entrampado aún más las cosas.

Así lo confirmó en septiembre pasado la Secretaría de Acceso a la Información, unidad adscrita a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa. Esa instancia señaló que solo se cumple en un 40 por ciento. Con ello, se confirma la poca voluntad que existe para cumplir con la entrega de datos a la población.

Incluso, el Congreso, donde se aprobó la Ley, es una de las instituciones que la viola al ocultar información pública que debería estar a la vista de toda de la población.

Otro de los proyectos que causó gran expectativa en los pobladores fue la Ley de la Vivienda, la cual establece la creación de un ente rector que se encargue de impulsar políticas que resuelvan el déficit habitacional.

Sin embargo, su puesta en marcha ha estado salpicada por errores, ya que la publicación de su reglamento se retrasó por varios meses y a la fecha aún se necesita que el Congreso apruebe la creación de un Ministerio de la Vivienda para complementarla.

“Se necesita que se apruebe la iniciativa 3870, que establece la creación del ministerio, si no seguiremos padeciendo de muchas cosas como la falta de un presupuesto”, declaró Roly Escobar, del Movimiento de Pobladores de Asentamientos.

Si bien el activista considera que leyes no son la solución, sí contribuyen a buscar soluciones, pero destaca que siempre es necesaria la participación de la ciudadanía. “En tanto la gente se empodere de las leyes puede que éstas funcionen, pero se necesita que se conozcan y las defiendan para que se hagan cumplir; si la ley es muerta ya que nadie le da seguimiento, es como tener un documento sin validez”.

Por ello,  hay quienes opinan que en caso de aprobarse, la iniciativa de ley de Desarrollo Rural puede sufrir la misma suerte y que no llegue a cumplir su cometido, quedándose en letra muerta. La propuesta ha generado controversia en los últimos años, debido a que la cúpula de empresarios organizados se rehúsan a aceptarla, en tanto los campesinos la reclaman. Este tema será uno de los más discutidos este año en el Congreso. “No será un tema fácil”, anticipa el exdiputado García.

Por su lado, el representante Amílcar Pop ha reiterado que existe el riesgo que el tema no se apruebe tal y como fue consensuado, lo que pondría cuesta arriba el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores del área rural.

Los entrevistados coinciden que los diputados deben cumplir con su función de representar al pueblo para legislar a su favor, pero también es importante la fiscalización de los ciudadanos para que las instituciones cumplan con sus objetivos y mandatos.

Recientemente los opositores a la ley lanzaron la página www.chapinesunidosporguate.com en dónde muestran su rechazo a la iniciativa de ley y hacen un llamado para “defender la propiedad privada”.

LEYES + INSTITUCIONES
David Gaytán, de la organización Acción Ciudadana, considera que las leyes son necesarias tanto como el activismo y la participación de la ciudadanía en el proceso de cabildeo y discusión que se realiza previo a su aprobación, pero esas acciones no tendrían resultado si no se cuenta con instituciones fuertes que hagan cumplir la legislación.

“Para construir estados democráticos se necesitan leyes fuertes, leyes con ‘dientes’, pero se necesitan también instituciones capaces de cumplir con lo que establecen los marcos legales, o de lo contrario siempre se seguirá diciendo que en Guatemala se cuenta con magnificas leyes pero ninguna se cumple; para esto también es fundamental la fiscalización ciudadana”, señaló.

La participación ciudadana debe ser el primer paso, sugiere Gaytán, dado que los congresistas no apoyan los temas por deseos de bienestar de la población sino por la presión de la sociedad; al lograr esto, se debe pensar en las instituciones.

“La Ley contra la Corrupción que reforma el Código Penal necesita que existan fiscales capacitados y que haya una independencia del organismo judicial, de lo contrario difícilmente se cumplirá”, recalcó.

Los entrevistados coinciden en la importancia de los ciudadanos en el proceso de una ley. Cabe resaltar el papel que tienen los diputados como representantes del pueblo, puesto que tienen la obligación de legislar, pero también de fiscalizar a los funcionarios para que cumplan con su función.