El Ministerio Público (MP) investiga si los exministros de Comunicaciones y exdirectivos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), al avalar la contratación de obra sin contar con un respaldo en el presupuesto, incurrieron en tres delitos.
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Aura Marina López, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción informó que la investigación contra los exfuncionarios y exempleados de la cartera de Comunicaciones versa sobre la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado.
Las pesquisas derivaron de la denuncia que interpuso la Contraloría General de Cuentas (CGC) el 25 de noviembre de 2011, por no haber documentado los compromisos de pago sobre los contratos adquiridos entre los años 2007 y 2010.
En ella fueron denunciados los exministros de la cartera de Comunicaciones:
Manuel Eduardo Castillo Arroyo, Francisco José Unda Toriello, Luis Alfredo Alejos Olivero, Guillermo Andrés Castillo Ruiz y Jesús Insua Ramazzini.
Además la Contraloría señaló a ex viceministros de dicha cartera y a exdirectores de la Unidad Ejecutora de Covial.
DEPENDEN DE LA CONTRALORÍA
Por otro lado, la fiscal López informó que el avance del proceso de investigación de la denuncia está sujeto a los informes de auditoría que realice la CGC, ya que estos representarán la prueba principal en el proceso.
“No podemos establecer montos, ni la calidad de la obra, la infraestructura, ni el avance físico en comparación con el avance financiero del pago de las obras, todo eso lo establecen ellos (auditores de la Contraloría); los informes serán la prueba reina del caso”, indicó.
Sin embargo, ayer la directora de Auditoría Departamental de la CGC, Elizabeth Pacajá, dijo durante una citación en el Congreso, que para llevar a cabo una auditoría forense de la deuda flotante se necesitan alrededor de 300 auditores, que tendrían que revisar los 2 mil proyectos que comprende dicho endeudamiento, personal con el que actualmente no cuentan.
Por tal motivo en la Fiscalía las pesquisas por este caso tienen un bajo movimiento. La investigación fue asignada a un fiscal y un auxiliar. López precisó que previo a realizar peticiones judiciales contra las personas denunciadas necesitan claridad sobre el estado de las deudas.
“No me puedo aventurar en un juzgado porque estaría a ciegas, no puedo jugarme con el tiempo; no sé cuánto tiempo tardará la Contraloría en hacer la evaluación y necesitamos información clara para saber por qué línea partir”, concluyó.
LOS DELITOS
POR JODY GARCIA
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La Ley contra la Corrupción establece que comete:
Abuso de autoridad: el funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de su función, atente en perjuicio de la administración pública. La ley establece penas de prisión de tres a seis años.
Incumplimiento de deberes: El funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. La ley establece penas de prisión de tres a seis años.
Peculado: El funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo. La ley establece penas de prisión de tres a diez años.