La Fiscalía de Honduras acusó ayer a la cúpula militar de «abuso de autoridad» al arrestar y expulsar del país al presidente Manuel Zelaya durante el golpe de Estado, decisión que el mandatario depuesto calificó de «truco» para que los militares logren una impunidad.
«La Fiscalía presentó un requerimiento contra (el general) Romeo Vásquez y la Junta de Comandantes del Ejército», dijo el portavoz de la Corte Suprema, Danilo Izaguirre.
Todos habrían cometido el delito de abuso de autoridad y expatriación ilegal, cuando comandaron el arresto y expulsión del izquierdista Zelaya hacia Costa Rica, quien fue subido en pijama a un avión el 28 de junio de 2009, comentó.
«Son varios comandantes, y los delitos son por abuso de autoridad. Son como cinco o seis los indiciados», agregó Izaguirre, quien precisó que la Corte dispone de tres días para aceptar o rechazar el requerimiento presentado por el fiscal general, Luis Rubí.
Minutos después, Zelaya calificó las acusaciones de la Fiscalía como «superficiales» y advirtió se trata de un «truco» para lograr la impunidad de los jefes militares implicados en el golpe, al acusarlos de «delitos menores» ya que el «abuso de autoridad» no acarrea grandes sanciones.
«Es un hecho publico notorio y de conocimiento internacional que el día 28 de junio los militares asaltaron mi casa a balazos me secuestraron y me desterraron hacia Costa Rica», dijo Zelaya en un comunicado.
«El fiscal del Estado (…) ha promovido acusaciones superficiales en contra de la cúpula de las Fuerzas Armadas», expresó desde su refugio de la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde permanece desde que regresó al país en forma subrepticia el 21 de septiembre.
«Hoy utilizando un truco, una nueva estratagema, el fiscal del Estado que tiene igual o más responsabilidad que los propios militares, presenta acusaciones de compadre hablado, para lograr la impunidad de los militares al acusarlos de delitos menores», agregó.
El Congreso hondureño se apresta a debatir una amnistía por delitos políticos a todos los involucrados en el golpe del 28 de junio, entre ellos los jefes militares y el propio Zelaya.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, declaró a la radio América que Vásquez ordenó a los abogados de la institución militar que se encarguen de la defensa de los inculpados por la Fiscalía.
Entre los denunciados están los generales Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Venancio Cervantes, comandante de la Fuerza Aérea, y Luis Javier Prince, comandante de la Fuerza Naval.
El presidente de la privada Comisión de Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón, dijo a la AFP que la petición de la Fiscalía se basa en una denuncia presentada en julio contra Vásquez por allanamiento ilegal y tentativa de homicidio en contra de Zelaya.
Organismos de derechos humanos han acudido a la justicia para denunciar a quienes incurrieron en delitos comunes en el marco del golpe de Estado y al reprimir varias de las protestas de los seguidores de Zelaya.
El mismo 28 de junio, Congreso nombró como presidente a Roberto Micheletti, pero la comunidad internacional calificó unánimemente el hecho como un golpe de Estado y no ha reconocido a su régimen.