La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, admitió hoy que ha habido «excesos» en la contención de las protestas contra el gobierno y señaló que se investigan 102 casos de presunta violación de los derechos humanos.
Ortega señaló en rueda de prensa que por esos casos están detenidos 17 agentes del orden público y aseguró que todos los hechos criminales que sean demostrados serán castigados.
«Tenemos algunos casos en lo que se han cometido excesos y se vulneró el derecho de las personas. El Ministerio Público ha iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad de los funcionarios que aparezcan involucrados», dijo, en relación con las protestas antigubernamentales que han dejado desde el 12 de febrero 39 muertos y 608 heridos, según cifras oficiales.
La fiscal agregó que hasta ahora se investigan 102 casos por presunta violación de derechos humanos, 95 por tratos crueles, dos por torturas, dos por intento de homicidio y tres por homicidio.
Añadió que el encarcelado líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, fue acusado por los cargos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para el delito.
Explicó que el tribunal a cargo presentó hoy las acusaciones, pero que falta determinar la fecha de la audiencia del juicio.
López se entregó a la policía a mediados de febrero, después de que el gobierno lo acusara de los hechos ocurridos el 12 de febrero, cuando una marcha opositora a la Fiscalía General derivó en violencia con tres muertos.
Ortega señaló que en las operaciones para contener las protestas ha sido detenidas 2.285 personas, de los cuales 904 dicen ser estudiantes.
La Fiscalía, apuntó, actuará cuando ocurra un hecho delictivo y que descartará formular cargos cuando no tenga evidencias de que los detenidos hayan intervenido directamente en el caso.
«Todas las detenciones han sido por la comisión de hechos punibles. En el caso en que la Fiscalía ha constatado que la detención no ha sido ajustada al Estado de derecho, ha solicitado la liberación de las personas», aseveró.
La fiscal afirmó que el Estado venezolano enfrenta una campaña internacional «sistemática de desprestigio» en relación con la situación de los derechos humanos.
«Esta campaña es planificada y va en progresividad. No hay que ser experto para concluir que eso es así. En esa campaña se habla de cosas que ocurren en Venezuela, pero no se habla de otras», indicó.
En tanto, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, el general Vladimir Padrino, denunció que sectores ligados al narcotráfico internacional financian a los factores de oposición que mantienen los focos violencia en el país.
«Tenemos un mapa armado de lo que significa el financiamiento que está detrás de todo esto, un financiamiento internacional que reciben factores políticos de la oposición para mantener viva la protesta. Ningún sector se escapa, el narcotráfico es uno de ellos», dijo en una entrevista con la radio oficial.
Aunque no dio detalles al respecto, aseguró que las protestas no son espontáneas.
«Están financiando a muchachos que ni siquiera son estudiantes. Esto de las guarimbas (protestas) le resta seriedad a la magnitud del evento de violencia que es terrorismo», alegó.
Acusa a dirigente opositor Leopoldo López
La Fiscalía General de Venezuela presentó una acusación formal por cuatro delitos contra el dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde el mes pasado en una cárcel militar, que de ser declarado culpable podría ser condenado a unos 13 años de cárcel, anunció este viernes la titular de ese despacho.
A pocas horas de que se inicie en la capital una marcha en apoyo a López, el Ministerio Público presentó la acusación contra el dirigente opositor por los delitos de incendio en grado de determinador, instigación pública, daños a la propiedad pública en grado de determinador y asociación para delinquir, dijo en conferencia de prensa la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
De ser declarado culpable de esos cuatro delitos López podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, precisó.
López, de 42 años, es investigado por su presunta responsabilidad en los incidentes violentos que se registraron el 12 de febrero en el centro de Caracas tras una multitudinaria marcha opositora que dejaron tres fallecidos, 66 heridos y 69 detenidos.
El dirigente opositor fue detenido el 18 de febrero en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital. El 28 de marzo una corte de apelaciones de la capital negó una solicitud que habían hecho los abogados de López para que el dirigente se mantuviera en libertad condicional mientras era procesado.