El procurador general de Egipto presentó su renuncia ayer, menos de un mes después que lo juramentara en el cargo rápidamente el presidente islamista, quien está enfrascado en una pugna de poderes con el sistema judicial.
Si es aceptada, la renuncia de Talat Abdulá propinará un revés al presidente Mohamed Morsi, que el mes pasado se había arrogado poderes extraordinarios para actuar por encima del control judicial.
Morsi emitió decretos que prohibían a los jueces impugnar las decisiones del ejecutivo o a la comisión que elaboró el controvertido proyecto de constitución para el país, un órgano dominado por sus aliados islamistas.
El lunes, cientos de fiscales efectuaron un plantón frente a la oficina de Abdulá en El Cairo y la policía los contuvo cuando intentaron irrumpir en el inmueble.
Los fiscales demandaban la renuncia de Abdulá porque consideran indebido que el presidente lo nombrara. Dijeron que el Consejo Judicial Supremo es el único que debe nombrar al procurador general para garantizar la separación de poderes, debido a que el cargo también tiene la tarea de examinar las quejas contra el gobierno.
Abdulá anunció en un comunicado que difundió la agencia noticiosa MENA que está dispuesto a dimitir para el domingo, un día después de la realización de la segunda etapa del referendo nacional de la constitución.
Su predecesor, Abdel-Maguid Mahmud, fue designado por el ex presidente Hosni Mubarak y se mantuvo en el puesto más de una década. Mahmud afrontó acusaciones generalizadas de que su oficina hizo un pésimo trabajo en reunir la evidencia contra Mubarak y otros ex funcionarios durante sus procesos judiciales.
Aunque muchos en Egipto no se oponían al despido de Mahmud, algunos estuvieron en desacuerdo en la manera como fue retirado del cargo y sustituido por Abdulá.
Morsi intentó primero despedir en octubre a Mahmud, pero abjuró de su decisión cuando advirtió que los poderes de su investidura no le daban la autoridad para hacerlo. Designó a Abdulá con los nuevos poderes que se arrogó a finales de noviembre.