Amílcar Velásquez Zárate, fiscal General del MP, afirma que la denuncia de CICIG contra el ex fiscal ílvaro Matus carece de argumentos y pruebas.
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Las declaraciones del jefe del Ministerio Público (MP) generaron más polémica en el caso de la muerte de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), ya que poco coincidieron con las vertidas por los fiscales que investigan ese caso y el de la muerte de los policías en El Boquerón.
El embrollo se basa en que, tanto el fiscal Edwin Marroquín -a cargo del Caso Parlacen-, como Alfredo Solórzano -fiscal del Caso Boquerón-, en nada coincidieron respecto a la relación que ambos casos podrían tener respecto a la investigación.
¿SIN PRUEBAS?
Velásquez Zárate declaró, esta mañana, al noticiero de Emisoras Unidas que hasta el momento el MP ha argumentado la posible comisión de los ilícitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en el ex investigador Matus.
«No ha sido posible contar con los medios de investigación para los otros delitos de conspiración y obstrucción a la justicia», declaró Velásquez.
El entrevistado añadió que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) trabaja para recolectar los medios de investigación y convicción para imputar los nuevos delitos en contra del ex fiscal. También aseguró que ha discutido ese tema con el jefe de la CICIG, Carlos Castresana.
MARAí‘A
Desde la ejecución de tres diputados salvadoreños y su piloto el 19 de febrero de 2007, fue abierta una serie de interrogantes que poco han podido responder las entidades a cargo de la investigación.
Uno de los primeros hechos polémicos fue la ejecución, una semana después, de cuatro agentes de la PNC que estaban implicados como autores materiales (confesos) de la muerte de los diputados al Parlacen.
A partir de ahí, el caso causó mayor escándalo: ¿quién tendría las intenciones de silenciar a los presuntos responsables de ese crimen?, ¿por qué fueron recluidos en aquella prisión con escasas medidas de seguridad?, son apenas algunas de las preguntas ubicadas en la punta del iceberg.
Ayer, en una entrevista radial, el fiscal Marroquín declaró que el caso Parlacen y el Boquerón no tenían ninguna relación; «a mí no me consta, porque no hay evidencia», declaró refiriéndose a si existió o no vínculo entre uno y otro crimen.
Por su parte Solórzano, fiscal de Santa Rosa y encargado del Caso Boquerón, declaró que «no es de negar (vinculación); no pudimos tener el conocimiento pero se supuso, en su oportunidad, que pudieron haber tenido relación».
Pero, además, Solórzano añadió que fue una orden del entonces fiscal General, Juan Luis Florido, que el hecho fuera investigado por fiscalías diferentes y no trabajarlo en conjunto.
Posteriormente, Velásquez Zárate declaró que «uno es consecuencia de otro» y que el que hayan sido investigados por fiscalías distintas «no significa que no exista una relación en ambos casos», afirmó.
Sin embargo, las interrogantes continúan y el MP no ha podido responderlas, porque tras defender la hipótesis que vinculó a trece pandilleros en el crimen de El Boquerón y que estos fueran absueltos por el tribunal regional, el crimen continúa en la impunidad.
La Sala Tercera de Apelaciones declaró con lugar el recurso de exhibición personal planteada por el ex Fiscal ílvaro Matus, quien argumentó que era víctima de persecución y amenazas telefónicas.
Ese recurso fue planteado por sus abogados defensores en contra de la Directora de la Policía Nacional Civil, Jefe del Ministerio Público y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.