Claudia Paz y Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Publico (MP), dijo que no se ha solicitado que se retire la inmunidad del Presidente y del Ministro de la Defensa, ya que la ley de antejuicios en el artículo 16 determina que cuando se tenga conocimiento de una denuncia en contra de un funcionario que goza de derecho de antejuicio esta deberá ser remetida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tiene la potestad de dar lugar o no de iniciar el trámite de antejuicio.

Paz y Paz manifiesta que la información publicada en un medio escrito era “inexacta” ya que el MP no realizó la solicitud de antejuicio en contra del mandatario y del Ministro de la Defensa, únicamente trasladó la denuncia presentada por el diputado Edgar Ajcip, del Partido Libertad Democrática (Lider), interpuesta el 9 de octubre, para que se investigue si el mandatario y el Ministro tienen responsabilidad en los sucesos ocurridos el pasado 4 de octubre, durante una manifestación convocada por los líderes de los 48 cantones de Totonicapán.

Asimismo la Fiscal General pidió a todos los actores de la sociedad a que se maneje la información en este momento con la mayor “prudencia posible”, porque es una forma en la que se facilita que las instituciones de la democracia hagan su trabajo.

Paz y Paz señaló que en lo que va del año se han trasladado alrededor de 74 casos de antejuicios y será la CSJ la que valora si se comienza el proceso de antejuicio de acuerdo con la ley, ya que el MP solamente inicia una solicitud de trámite al Organismo Judicial.

Pero que en ese caso el MP no realizó ninguna valoración, sin solicitar que se declarara con lugar el antejuicio, planteado por el diputado Ajcip. Además dijo que se sigue trabajando intensamente en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 4 de octubre en el la Cumbre de Alaska.

DENUNCIA
El partido Líder acusa a Pérez Molina de los delitos de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa, abuso de autoridad y lesiones, por la muerte de seis indígenas durante una protesta el 4 de octubre último en el noroeste del país, en la que otras 34 personas resultaron heridas.

La denuncia también fue planteada en contra el ministro de Defensa, Ulises Anzueto, debido a que la muerte de los indígenas se les imputa a miembros del Ejército.

La Fiscalía explicó que hasta que no se declare con lugar el posible antejuicio (levantar la inmunidad de la que gozan el Presidente y su ministro), el Ministerio Público no tiene competencia para conocer la denuncia.

La muerte de los seis indígenas se registró cuando miles de pobladores del departamento noroccidental de Totonicapán protestaban contra el alza de la energía eléctrica y las reformas constitucionales que promueve el mandatario.

Aunque dirigentes de la protestas sostienen que fueron ocho los muertos y la Procuraduría de Derechos Humanos apunta siete, la Fiscalía sólo admite seis muertes.

El pasado jueves, a petición de la Fiscalía, fueron capturados un coronel y ocho soldados, como supuestos responsables de haber disparado contra los pobladores de los 48 cantones de Totonicapán.