La legislación interna del Ministerio Público (MP) establece una serie de funciones que representan grandes retos para quien resulte electo Fiscal General de la República, sin embargo, la titularidad de esa instancia es opacada por temas como la impunidad y la penetración del crimen organizado.

Los artí­culos 10 y 11 de la ley Orgánica del MP definen tanto el perfil del fiscal como sus funciones; el primero de ellos detalla: «Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional. Ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al MP, por sí­ mismo o por medio de los órganos de la institución».

Entre las funciones a cargo del titular de esa institución está la de determinar la polí­tica general de la institución y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; así­ como la gestión de temas como el presupuesto y nombramientos de los fiscales titulares de distrito, agentes, y auxiliares de acuerdo a la carrera del MP.

Sin embargo, analistas consultados refieren que hasta ahora los titulares de esa instancia no han cumplido a cabalidad con sus funciones y que quien resulte electo para el próximo perí­odo tiene grandes retos para con la instancia encargada de la persecución penal en el paí­s.

FUNCIONES

Algunas de las funciones, detalladas en el artí­culo 11 de la Ley Orgánica del MP son: determinar la polí­tica general de la institución y los criterios para el ejercicio de la persecución penal. Cumplir y velar porque se cumplan los objetivos y deberes de la institución. Remitir al Ejecutivo y al Congreso de la República el proyecto de presupuesto anual de la institución y el de sus modificaciones que estime necesarias.

Además, la normativa detalla que el Fiscal debe someter a la consideración del Consejo del MP los asuntos que le correspondan y dictaminar acerca de los mismos verbalmente o por escrito según la importancia del caso.

También debe efectuar, a propuesta del Consejo del MP, el nombramiento de los fiscales del distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales, de acuerdo a la carrera de esa instancia, así­ como conceder las licencias y aceptar las renuncias de los mimos. Efectuar los nombramientos, ascensos y traslados del personal administrativo y de servicios de la institución e impartir las instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como relativas a asuntos especí­ficos.

El Jefe del MP tiene la capacidad de nombrar, de entre los miembros de la entidad, fiscales para asuntos especiales y como fiscal especial a un abogado colegiado para atender un caso especí­fico o para garantizar la independencia en el ejercicio de la función.

Finalmente debe organizar el trabajo de esa instancia y efectuar los traslados de los fiscales que crea necesarios para su mejor funcionamiento, proponer al Consejo la división del territorio nacional por regiones para la determinación de las sedes de las fiscalí­as de distrito y el ámbito territorial que se les asigne, así­ como la creación o supresión de las fiscalí­as de sección.

EVALUACIí“N

Carmen Aí­da Ibarra, representante del Movimiento Pro Justicia, considera que la Ley especí­fica del MP no establece con precisión algunos elementos como el tema de una fiscalí­a general interina o que esa instancia se quede acéfala por lo que opina que en ese sentido debe ser fortalecida.

«La Ley define que el MP y por lo tanto su jefe deben dar cumplimiento a las leyes vigentes y son el órgano a cargo de la persecución penal, la gran tarea que tiene quien ocupe ese cargo es la de definir estrategias de lucha contra la impunidad que actualmente corroe al paí­s», indicó Ibarra.

La analista considera que hasta ahora, todos los titulares de esa instancia «han fracasado», por lo que cree que la expectativa es que quien salga electo tenga la oportunidad y el espacio para definir, con el aval de los poderes del Estado y de otras instituciones, una polí­tica de persecución penal que siente las bases para combatir la impunidad.

Ibarra explica que el tema de la impunidad en el paí­s se ha convertido en «un comportamiento institucional, un patrón cultural, polí­tico e ideológico que configura una forma de violar los derechos humanos en forma masiva», por lo que considera que los retos son para quien preside esa instancia.

RETOS Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, considera que con la actual administración del MP ha habido «un ligero avance con investigación y persecución a violaciones a derechos humanos», no obstante cree que hace falta mucho por trabajar en general.

«Debido al escaso presupuesto no ha sido posible que se haga efectiva la creación e implementación de toda una polí­tica de investigación criminal», considera Polanco.

Para el analista, los niveles de impunidad se han incrementado preocupantemente desde las dos últimas administraciones del MP, lo que hace que el nivel de eficiencia sea cuestionado por instancia como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, lo que refleja la debilidad en esa instancia.

Polanco añadió que uno de los grandes retos del próximo fiscal general es reforzar el trabajo del actual, en cuanto a la polí­tica de persecución penal que este ha definido en su corto perí­odo al frente de esa instancia.

Además, indicó que el MP es una de las instituciones más infiltradas por el crimen organizado y que quien presida esa instancia debe hacer «una labor de cirugí­a extrema dentro de la institución» para depurar a los malos fiscales.

Por último Polanco expresó que la polí­tica de investigación debe ser delineada con objetivos especí­ficos y con miras a largo plazo para alcanzar una meta y así­ combatir la fuerte ola de impunidad que enfrenta el paí­s.