«Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.»
Lila Downs
La presentación de la nómina de seis candidatos para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público por parte de la Comisión de Postulación dejó en evidencia una vez más el poder del que todavía gozan las estructuras paralelas en Guatemala. Ese poder oculto que se originó y fortaleció durante el conflicto armado interno abarca con sus tentáculos a las instituciones del Estado y a las universidades del país; interesado en perpetuar los altos niveles de impunidad sobre los crímenes del pasado y las actividades del crimen organizado, tiene la capacidad de comprar voluntades y asegurarse la venia de quienes pueden ser electos como funcionarios públicos.
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Como muestra del descaro y cinismo que son capaces, los integrantes de la Comisión de Postulación volvieron a presentar la misma nómina de candidatos a pesar que la Corte de Constitucionalidad había emitido una resolución que obligaba a revisar el proceso de selección. No les importó: reconfirmaron a quienes obtuvieron los punteos más bajos en un tema tan importante como la «honorabilidad reconocida».
No cabe duda que la Ley de Comisiones de Postulación, recién aprobada, es un primer paso para garantizar la transparencia de los procesos de selección de las personas que estarán a cargo de instituciones tan importantes como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, saltarse las trancas, como hicieron los integrantes de esta Comisión no es más que una muestra de lo lejos que estamos de poseer instituciones transparentes a favor del bienestar de la mayoría de la población. Y es que los postuladores cumplieron con hacer público todo el proceso de selección y, gracias a ello, pudimos darnos cuenta que sus ungidos fueron las personas tachadas por la CICIG y por el Movimiento de Derechos Humanos, por no cumplir con los requisitos mínimos para desempeñarse como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
La justicia es un derecho que históricamente se nos ha negado y, para ello, se recurre a la difusión de ciertas ideas. A través del discurso transmitido por espacios de opinión y medios de comunicación, por ejemplo, los intelectuales orgánicos de la impunidad, que insisten en jerarquizar la importancia de los muertos de acuerdo al tiempo del asesinato, o que están en contra de caracterizar como «femicidio» los asesinatos de mujeres, entre otras cosas, no hacen más que contribuir a que la violencia no cese y a que las investigaciones sobre los casos no avancen.
Además, con estrategias más concretas, como la cooptación de las elecciones de las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y del Colegio de Abogados, o la creación de universidades privadas para garantizarse la representatividad en las comisiones de postulación a través de sus decanos, el poder oculto garantiza que sus personeros tomen las decisiones que mejor le convienen.
El trabajo lo deberá completar el Presidente de la República, pero ante las manifestaciones sociales de repudio por la actuación de esta Comisión de Postulación, debería promover la repetición del proceso para que se respete la ley y se integre una lista de seis candidatos acorde a las necesidades del Ministerio Público.
Estamos en un momento crucial para la lucha contra la impunidad. Poco podrá dejarnos la experiencia de la CICIG si no se escoge a la persona idónea para dirigir el Ministerio Público. No sea que el nuevo Fiscal General entrampe lo que se ha avanzado, no sea que ordene cerrar procesos para que ex militares acusados de delitos de lesa humanidad vuelvan a presentarse como candidatos a elección popular, o casos de corrupción queden en la impunidad. No sea que se garanticen la impunidad.