La propuesta para que el Estado siga financiando las campañas electorales pagando más por cada voto que obtengan los políticos resulta ingenua, ingrata e injusta si lo que se pretende es evitar el tráfico de influencias en sus organismos. Es ingenuo que el Tribunal Supremo Electoral con su incapacidad ampliamente demostrada, pueda tener control eficaz sobre los partidos, ¿acaso pudo impedir que la campaña anterior se hiciera tan anticipada o al menos haya logrado quitar a la fecha la propaganda que sigue afeando el país?

Sería muy ingrato que el dinero que proviene de los contribuyentes siguiera sirviendo para que nuestros políticos se sigan saliendo con la suya, mientras la salud, la educación y la infraestructura estén en las tristes condiciones actuales. Algo más, ¿será justo “pagarle” a políticos que al llegar al poder se olvidan por completo de sus múltiples promesas electorales? ¡A las pruebas me remito!

Pero hablando del punto toral de la propuesta, lo que el pueblo clama a gritos es cortar de tajo la ambición de los “inversionistas” electorales para seguir haciendo jugosos negocios, los que se realizan desde el día en que toma posesión el ganador pero, disculpen mi franqueza, ¿alguien cree que los señores de las medicinas; de la propaganda, de los productos derivados del petróleo y de tantos más, van a quitar la maña de soltar plata sin que puedan recuperarla con creces los siguientes cuatro años?
En nuestro país vaya si no sobran ideas sobre el financiamiento de los partidos políticos, pero el problema radica en poder llevarlas a la práctica con absoluta eficiencia y transparencia. Hace poco, me enteré de la ocurrencia de hacer algo fácil, rápido, pero más iluso todavía, como sería legislar prohibiendo el financiamiento privado. Así nomás, con un solo acuerdo ¿Alguien cree que podría combatirse la pobreza y la hambruna del país, con solo prohibir tener hambre y que los mismo podría suceder si se dispusiera que todos fuéramos ricos?

No, por favor señores políticos partidistas, con el tema del financiamiento público o privado no se juega, aunque ya se haya empezado a hacer lo mismo con proponer reformar la Constitución con la apariencia de evitar el Estado fallido en que estamos viviendo. Hacerlo igual es ponerse a jugar con fuego, pues en el fondo se estaría fomentando una burla de tal magnitud, que toda la población sería capaz hasta de traerse al suelo nuestro remedo de democracia.

No encuentro otra salida más que mantener el financiamiento de los partidos políticos exclusivamente privado, pero aquí está el detalle: Exigir real y clara documentación de su procedencia, como imponer en el Estado la total y absoluta transparencia en el manejo de los fondos públicos para combatir eficazmente con energía y entereza la corrupción, de lo contrario vamos a seguir jugando a la democracia como cuando de niños lo hacíamos con los canicas.