El diplomado “La correcta interpretación y aplicación de la legislación sobre femicidios, violencia contra la mujer y trata de personas”, fue impartido en la ciudad de Quetzaltenango durante seis meses, dirigido a operadores de justicia.

El curso fue impulsado por la Coordinadora nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi), la Fundación Myrna Mack y el Comité de Justicia de Quetzaltenango.

Marleny Mejí­a, delegada regional de Conaprevi dijo que el objetivo de este diplomado fue unificar criterios en la correcta aplicación de la legislación a favor de las mujeres, para estandarizar los procedimientos y no incurrir en contradicciones entre los mismos operadores de justicia.

A decir de Fabiola Ortiz, directora ejecutiva de Conaprevi, este diplomado es parte de un procedimiento importante en la formación y sensibilización de los profesionales de las instancias estatales, para fortalecer la capacidad institucional en respuesta a la situación de violencia contra la mujer, con el propósito de permitir la debida protección a las ví­ctimas.

Por su parte, Giovanni Pivaral de León, del Comité de Justicia, dijo que en el referido diplomado participaron 54 profesionales, entre ellos jueces de instancia y de paz, abogados litigantes de la Defensorí­a de la Mujer Indí­gena y fiscales del Ministerio Público, quienes están ligados a los procedimientos sobre femicidios y otras formas de violencia contra la mujer.

Pablo pacheco, delegado institucional de la Fundación Myrna Mack, manifestó que el cuestionamiento de la legitimidad de la Ley contra el Femicidio, que han hecho algunos profesionales del Derecho, en relación al principio de igualdad que reconoce la Constitución Polí­tica, obliga a hacer una revisión de los fallos que ya emitió la Corte de Constitucionalidad al respecto.

De igual manera, Juan Santiago Quim, del Centro de Estudios Jurí­dicos y Sociales para la Justicia Incluyente señaló que toda violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos en sí­ misma, por lo que es obligación del Estado intervenir para garantizar la correcta aplicación de la normativa que protege a las mujeres.