La voluntad de diálogo del gobierno chileno y la situación límite en la que se encontraban los presos mapuches facilitaron un acuerdo para que 23 de ellos finalizaran una huelga de hambre de 82 días, a la espera que los 11 restantes se sumen a la medida este sábado.
«La decisión fue tomada en forma responsable. Por una cuestión de tiempo y de salud, (los mapuches) decidieron deponer la huelga», dijo a la AFP la portavoz de los huelguistas, Natividad Llanquileo.
La huelga fue depuesta por 23 de los 34 indígenas, que protestaban por el hecho de ser procesados bajo una severa ley antiterrorista -que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- por actos cometidos en el marco de su reivindicación de tierras.
Estos 23 están detenidos en cárceles de Concepción, Valdivia, Lebu y Temuco, todas al sur de Chile.
Once de los huelguistas encarcelados en Angol (sur) decidieron esperar hasta este sábado para pronunciarse sobre el acuerdo con el Ejecutivo, que incluye además del retiro de las querellas por ley antiterrorista y la garantía de ser juzgados en tribunales civiles y no militares.
La mayoría depuso su huelga después de que el Gobierno se comprometió a retirar las querellas basadas en la ley antiterrorista -que triplica las penas respecto a la legislación ordinaria-, por lo que los mapuches serán juzgados ahora por delitos comunes y no como terroristas.
«Tenemos esperanzas de que Angol se sume a este gran acuerdo», dijo el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter tras el anuncio del cese de la huelga parcial, anunciado la madrugada de este sábado por el sacerdote Ricardo Ezzati, mediador en la mesa de diálogo entre mapuches y gobierno.
«El Gobierno no tiene convicción de que por los hechos que se han imputado a los comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como terroristas», explicó el sacerdote, al anunciar el cese de la huelga de los 23.
En las querellas se acusa a los mapuches -la mayor etnia chilena- de actos terroristas por el incendio de predio o maquinaria agrícola y el ataque a un fiscal, entre otros delitos por el que arriesgaban penas de hasta 100 años.
Según Hinzpeter, «la dificultad más grande para construir una solución estaba dada por la falta de confianza recíproca, porque muchas veces (los huelguistas) nos sostuvieron que habían sido defraudados por parte del Gobierno».
La portavoz de los mapuches señaló sin embargo que «quedaron muchas cosas pendientes» y que el acuerdo alcanzado, aceptado por los huelguistas «de forma responsable y racional», es una base para seguir dialogando.
«A pesar de que los logros en cuanto a las demandas fueron super pocos, logramos mucha repercusión, sobre todo entre nuestra gente, el pueblo mapuche», dijo Llanquileo a la AFP.
En tanto el ministro de Salud, Jaime Mañalich, coordinará este sábado el traslado de los 23 comuneros que depusieron la huelga de hambre a centros médicos para estabilizar su estado de salud.
«Triunfó la vida», aseguró el ministro de Presidencia, Cristián Larroulet, añadiendo que «se perfeccionó la legislación, y eso va a permitir un juicio justo, y esto lo han entendido los huelguistas».
Hinzpeter aseguró que «el paso que hemos dado no pone término a un proceso sino que da comienzo a un proceso para todos los pueblos originarios, a quienes valoramos».
El Congreso chileno aprobó el jueves modificaciones a la normativa, entre las que se destacan la prohibición de aplicar la ley a menores de 18 años y una reducción de las penas por el delito de incendio.
Se cambió también la definición del delito de terrorista, por lo que ahora deberá demostrarse la intención de causar terror.
También se garantiza que la defensa de los acusados pueda contra-interrogar a los testigos protegidos, aunque se mantienen los «testigos sin rostro», una figura que ha sido crucial para el encausamiento de los indígenas, que acusan montajes de parte de las autoridades.
Los mapuches, que exigen recuperar tierras de sus antepasados, están confinados en una reducida zona del sur del país con niveles de pobreza que doblan los del resto de la población.
Los mapuches son unos 700.000 dentro de una población total chilena que alcanza los 17 millones.