El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Walter Figueroa, señala que existen factores negativos en el uso de los fideicomisos cuando a través de estos instrumentos financieros se transfieren recursos del Estado a una entidad privada

Y quedan anuladas las facultades de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN),  perdiéndose el control de la ejecución de esos recursos. Consecuentemente los fideicomisos se constituyen como instrumentos de alta opacidad.

No obstante, el investigador del Icefi afirma que esta herramienta se sigue utilizando bajo la excusa de promover el  desarrollo económico y social del país, mediante la utilización de recursos públicos de manera expedita, transfiriéndolos a un ente fiduciario,  que corresponde a una entidad financiera y  la manera más generalizada, a una entidad bancaria, para que las instituciones de Gobierno puedan “responder” ante emergencias ocasionadas por desastres naturales.

“Se han constituido como un instrumento con fines políticos partidarios, con lo cual han sido utilizados para la financiación de campañas electorales, fundamentalmente, debido a la facilidad y discrecionalidad en los procesos de contratación. En este caso se pueden mencionar el pago de favores políticos a financistas de campaña, a través de  la asignación de obras, así como el manipuleo de los electores a través de dádivas, como en el caso del extinto  Fondo Nacional para la Paz”, argumenta Figueroa.  

El experto prevé que si se continúa con la tendencia de ejecución del gasto público al margen de la Ley de Contrataciones del Estado, se correría un alto riesgo de incremento de la denominada “deuda flotante”, dado los compromisos de gasto sin el respectivo crédito presupuestario.