Durante demasiado tiempo el fideicomiso ha sido la más sombría figura contractual de corrupción, llegando a ser inclusive, la fuente para el enriquecimiento de muchos (pero selectos) funcionarios públicos. El incesante incremento en su uso desmedido pareciera, hoy por hoy, señal de estar llegando a su fin.

La semana que está por concluir nos ha dado muestras de cuán abusado está este tipo de contrato, así como la obstinada negativa a una elemental fiscalización de los mismos.

Debo admitir que la primera impresión que me produjo la actitud de la Contralora General de Cuentas fue de sorpresa negativa. Me explico. Lo primero que pensé al enterarme de la presentación de un anteproyecto de ley para anular el uso del fideicomiso, es que esta era una reacción un tanto acomodaticia, es decir, como no se ha podido fiscalizar el fideicomiso constituido con fondos públicos, pues sencillamente eliminémoslo del ordenamiento jurídico y san se acabó el problema. Problema eliminado hasta que se invente otra figura similar o más aberrante aún. Por lo menos, desde hace siete años, en La Hora, se ha venido destacando que el papel de la Contraloría General de Cuentas es casi simbólico. Recuerdo cuando categóricamente cuando se destacó la existencia de al menos quince mil instancias con manejos de fondos públicos y como contrapartida poco más de trescientos auditores gubernamentales. La capacidad de auditar es poco menos que nula.

Ante ese escenario, el finiquito, se erige como otro simbólico documento que aparentemente exime de responsabilidades a aquellos que hayan ejercido la función pública, pues si bien es cierto el número de auditores gubernamentales se ha incrementado desde aquel año a la fecha, también aumentó el número de entes que manejan fondos públicos, superando ahora a los 25 mil. Ha de producirse un verdadero e integral proceso para que el manejo del erario, sea este de índole nacional, municipal o como producto del patrimonio de entidades autónomas o el simple resultado de colectas, pueda ser auditado de manera apropiada y así disminuir el número de nuevos “millonarios” que han urdido todo tipo de trinquetes para hacerse, precisamente de un enriquecimiento ilícito. Quizás valdría la pena instituir la participación de colectivos de vigilancia financiera, conformados entre usuarios, vecinos, beneficiarios u otro tipo de grupos a fin de que por este lado se puedan constituir grupos garantes no solo del adecuado gasto público, sino de la necesaria calidad del gasto público.

La arrogancia del alcalde capitalino Arzú llegó a ser “la guinda del pastel”. Antes no lo olvidemos, que otra “luchadora” por la fiscalización, bajo argumentos por demás carentes de fuente de derecho, se opuso hasta la obstinación para que tan siquiera la entidad fiscalizadora pudiera ingresar al Registro General de la Propiedad. Recordemos que en algún momento de su actividad profesional, ambos personajes fueron compañeros de barco y ambos personajes acumularon un “prestigio” por la “obra” emprendida. ¿Qué otros ídolos de barro tendrán que caer para incentivar la verdadera acción y participación de la ciudadanía guatemalteca? Pero volviendo al señor feudal del siglo XXI y su séquito, pudiera ser que nos encontramos al inicio de la caída de la segunda figura más emblemática del quehacer político de nuestro país. Una caída que justo hay que decirlo ha sido propiciada por su propia arrogancia e impulsada por su actitud autócrata por excelencia. Muchas personas se han consolado señalando que no importa ese tipo de actitudes. Que los guatemaltecos necesitan mal trato para hacer las cosas. Que él no tiene necesidad de robar y contrario a muchos otros políticos, en su gestión al frente de la Presidencia, por ejemplo, se produjeron grandes inversiones en infraestructura. “Por lo menos hubo obra, con los otros hubo saqueo y robos”, se arguye en su defensa. Este puede ser el momento para que desde la perspectiva fiscalizadora, mediante auditorías forenses, se pueda llegar a determinar el costo real de aquellas obras emprendidas. Alguien podrá argumentar que eso sería como ensañarse, que eso sería como querer destruir una imagen ganada a fuerza de trabajo. Pero y entonces por qué tanta negativa en la rendición de cuentas. ¿Por qué el uso desmedido del fideicomiso? Este es el momento en el que la población del municipio más poblado de Centroamérica despierte de ese letargo. Pudiera ser el momento para que se establezca si hay o no participación personal del alcalde Arzú en los negocios que se promueven bajo la egida de los fideicomisos. Es necesario que se sepan los tipos de gastos en que se incurren bajo este tipo de “administración”. Es importante que se establezcan los costos reales de las inversiones emprendidas. Es vital que se conozcan el tipo de funciones, las características de los puestos de trabajo que se cobijan al amparo de esta figura contractual. Es el momento en el que ha de conocerse la verdad del manejo de la cosa pública en el ámbito municipal. Pudiera ser que existan nexos al punto de hacer aplicable el artículo 45 del Código Municipal y quizás estaríamos por ver que el retiro de Arzú se produzca por la puerta de atrás. O todo puede ser para que no cambie nada.