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«Aquí yacen los derechos de las mujeres, fueron víctimas del código penal», se leía en uno de los ataúdes negros que los manifestantes, en su mayoría mujeres, colocaron con flores frente al Congreso.

La pieza legislativa «implica retroceso en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia», dijo Laura Bretón, una de las manifestantes.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó este en meses pasados su propuesta de nuevo código penal luego de varios años de debate, que eleva de 30 a 40 años de cárcel la pena máxima e incluye la figura del secuestro, entre muchos otros cambios.

La pieza también incluye sanciones de cárcel para quienes sean hallados culpables de difamación e injuria, lo que ha provocado críticas por parte del Colegio Dominicano de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Los grupos feministas que participaron en la protesta del jueves aseguraron en un documento que el proyecto de nuevo Código Penal «encubre una violación sexual a una menor de edad» que ha sido sustraída de la casa parental, ya que reduce la pena a un máximo de 3 años, equivalente a un «robo simple».

La actual legislación considera violaciones sexuales a las relaciones de un adulto con un menor de edad, incluso cuando se trató de una relación consensuada, y establece sanciones de 5 años de cárcel, aunque pueden ser mayores según las condiciones en que se produzca el hecho.

Aunque la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no ha explicado públicamente los motivos por los que propone reducir esa pena, el proyecto fue presentado y aprobado en una primera lectura en octubre pasado, luego de que 2 legisladores habían sido procesados judicialmente en los últimos años por sostener relaciones sexuales con adolescentes.

Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia, ha insistido que el proyecto es el resultado de 12 años de debate con los diferentes sectores de la sociedad. Aseguró esta semana que la comisión «revisó y estudió cada una de las propuestas» de los diferentes grupos.

La propuesta, que forma parte del largo debate para crear un nuevo código penal, debe ser aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado para su ratificación.

Sergia Galván, coordinadora de la organización Colectivo Mujer y Salud, denunció que la propuesta también reduce en general las sanciones contra los agresores de las mujeres, al limitar el concepto de «violencia intrafamiliar», tipificado como delito desde 1997.

Según la pieza legislativa, sólo será considerada la violencia intrafamiliar como delito grave cuando la víctima muera o resulte con una incapacidad. En la legislación actual, el delito de violencia intrafamiliar también incluye agresiones físicas, psicológicas, verbales, intimidación y persecución, con penas de hasta 5 años de cárcel cuando no haya muerte.

Galván recordó que el número de asesinatos de mujeres cometidos por sus cónyuges o ex parejas se ha incrementado durante los últimos años.

Estadísticas de la Procuraduría General muestran que en el 2011 se registraron 230 asesinatos considerados como feminicidios, la cifra más alta desde el 2005, y hasta principios de octubre de este año unas 150 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas sentimentales.

Aunque el proyecto establece por primera vez la figura del «feminicidio», sólo lo tipifica como tal cuando se trata del asesinato de una mujer por parte de su pareja, «dejando fuera otros homicidios por razones de género», insistió Galván.

Lorena Espinoza, del Colectivo Mujer y Salud, destacó que el proyecto también reduce las penas contra el incesto con menores de edad, «ya que no establece la pena máxima», tal como está sancionado en la legislación actual.

«Estas disposiciones u omisiones significan un grave retroceso que las mujeres declaramos inaceptable», consideró Laura Bretón.

La propuesta de nuevo Código Penal mantiene las sanciones de prisión contra quienes cometan aborto, aún en los casos de violación sexual o cuanto el embarazo ponga en peligro de la vida de la mujer.