El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2011, sobre las actividades de su oficina en Guatemala, subraya que los derechos humanos de las mujeres siguen siendo vulnerados, principalmente su derecho a la vida libre de violencia.

Según el documento, elaborado por Navi Pillay, los femicidios y la violencia de género continuaron alcanzando niveles sin precedentes, pues se reportaron 448 muertes de enero a agosto y la crueldad con la que se perpetraron algunos de esos crímenes manifiesta cuán profundamente se encuentran enraizados los patrones de discriminación en la sociedad.

De acuerdo con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pese al importante trabajo realizado por tres juzgados y tribunales especializados contra el femicidio, aún existe una enorme brecha entre los casos de violencia resueltos por el sistema de justicia y el número de denuncias presentadas.

Pillay subrayó que aunque la violencia contra las mujeres es un fenómeno que rebasa las fronteras de clase y etnia, la oficina en Guatemala ha observado que las mujeres indígenas que deciden romper con el ciclo de violencia deben enfrentarse a una doble barrera que permea el sistema de justicia, el machismo y el racismo.

La funcionaria internacional dijo que aún subsisten importantes deficiencias en la aplicación en los tribunales no especializados de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, como por ejemplo su resistencia en aplicar la figura penal del femicidio y en adoptar medidas para proteger a las víctimas.

A pesar del número de denuncias recibidas por el Ministerio Público (MP) sobre violencia contra la mujer, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI) no ha sido implementado en su integralidad, pues los fondos gubernamentales asignados han sido insuficientes, subrayó la Alta Comisionada.

Según Pillay, el número de centros de atención a las víctimas es ilimitado, pese a que constituyen el único apoyo para las mujeres sobrevivientes de violencia, sin embargo sólo tienen capacidad para atender a un porcentaje mínimo de víctimas, dejando prácticamente sin atención a las mujeres rurales.

Finalmente, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recomendó implementar y financiar adecuadamente el PLANOVI e instó al sector justicia a promover la Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer, incluyendo la expansión de los tribunales especializados y la eliminación de las barreras que impiden que las víctimas presenten sus denuncias.