Las FARC acusaron el sábado al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de estar detrás de la destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, presuntamente con fines electorales.
«La real mano escondida que está detrás de la destitución de Petro no era solamente el procurador (Alejandro Ordoñez) sino el presidente (Santos), que asume la responsabilidad política de sacarlo definitivamente de la alcaldía de Bogotá», afirmó Andrés París, representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Colombia celebrará elecciones presidenciales el 25 de mayo, y Santos, un economista de 62 años, aspira a ser reelegido por cuatro años más.
Según París, el presidente colombiano actúa «con fines electorales… porque para donde se incline Petro es posible que eso incida en los destinos finales de las elecciones». El guerrillero habló con The Associated Press en un aparte poco antes de entrar a una nueva sesión del diálogo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano.
La víspera trascendió que tanto el gobierno como la Procuraduría impugnaron el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le ordenó a Santos restituir en el cargo a Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante de Colombia.
El pasado 22 de abril, ese tribunal le ordenó a Santos restituir a Petro en el cargo con el argumento de que unas medidas cautelares proferidas en marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del alcalde eran de cumplimiento obligatorio para el gobierno colombiano. Un día después, Santos firmó el decreto en que disponía el retorno de Petro al cargo y éste reasumió sus funciones.
Las demandas y contrademandas comenzaron en diciembre último, cuando el procurador general Alejandro Ordóñez destituyó a Petro por faltas administrativas. Santos ejecutó la destitución del alcalde de Bogotá el 19 de marzo, al asegurar que no estaba obligado a acoger medidas cautelares emitidas por la Comisión en favor de Petro, quien había recurrido a esa instancia en diciembre solicitando la suspensión de su salida del cargo porque violaba sus derechos políticos.
Petro, de 54 años, un ex senador y ex rebelde de la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), ha negado los cargos de la Procuraduría y ha dicho ser víctima de las posturas ultraconservadoras del procurador Ordóñez.
Las FARC y el gobierno sostienen conversaciones de paz en La Habana desde hace un año y medio, en busca de una solución al conflicto armado de más de cinco décadas que ha cobrado miles de víctimas y desplazados.
Actualmente las dos partes negocian el tercer punto —sobre el combate al narcotráfico— de una agenda de seis pactada inicialmente. Con anterioridad el gobierno colombiano y la guerrilla llegaron a acuerdos sobre dos temas: el agrario y la participación.
Sobre el tema del narcotráfico, el comandante rebelde Jesus Santrich dijo que las dos partes ya tienen «más de 20 cuartillas (de coincidencia) adelantadas».
«La dinámica es muy positiva y podemos pensar que debe haber buenas noticias a final de este ciclo», agregó.
Tras un receso para la Semana Santa, el diálogo de paz se reanudó el jueves. El nuevo ciclo de conversaciones debe cerrar el próximo 4 de mayo.
Las FARC son la principal fuerza rebelde en Colombia, con unos 9.000 miembros en armas, y la más longeva en activo de América.