A pocos días de celebrarse el segundo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Adopciones -la cual es un logro para evitar casos de adopciones ilegales y trata de personas-, ya han identificado nuevas formas de evadirla, en por lo menos 4 casos. Además que el Consejo Nacional de Adopciones todavía continúa careciendo de un reglamento que lo regule.
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De acuerdo en el Movimiento por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, han recibido denuncias consistentes en que los niños que son abandonados en centros de asistencia, ya sean públicos o privados, son llevados a un juzgado de familia, en donde acuden personas particulares a postularse como «familias ampliadas o sustitutas» (por lo regular estas familias son de extranjeros) y al momento de darles al pequeño, los mismos corren el riesgo de ser extraídos del país.
Felipe García, presidente de la asociación en mención, detalló que solicitan al Organismo Judicial y a las autoridades de Gobernación, una mejor cobertura y capacitación a jueces y agentes en el tema y cumplimiento de la Ley de Adopciones, para no caer en estos errores que pueden costarles hasta la vida a los niños, además solicitan la aprobación con carácter urgente del reglamento de dicha ley.
Esta problemática se ve agravada en el Consejo Nacional de Adopciones, ante el evidente recorte presupuestario de 10 a 8 millones de quetzales, limitando el trabajo del mismo. García resaltó la importancia de supervisar la ejecución de este presupuesto, ya que es de su conocimiento que los tres consejeros que presiden esta entidad se gastan por lo menos 4.5 millones de quetzales en dietas, gastando de 20 a 30 mil en cada reunión que sostienen.