Representantes del Plan Nacional de Emergencia y Recuperación Económica han advertido que, como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial, unas 500 mil personas guatemaltecas se encuentran en peligro de caer en pobreza extrema. No está de más destacar que, como siempre, son familias campesinas las que ocupan los primeros lugares en la fila de espera.
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No cabe duda que la actual crisis del sistema capitalista y neoliberal representa una oportunidad para redireccionar la función del Estado, principalmente en cuanto a las políticas dirigidas a las y los campesinos, históricamente excluidos de los beneficios de la producción en el campo.
Recientemente el presidente ílvaro Colom firmó el Acuerdo Gubernativo que da vida a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, consensuada por varias organizaciones sociales. Sin embargo, autoridades del Ejecutivo han manifestado que hacen falta los recursos necesarios para realizar el plan estratégico que concretice este esfuerzo por llevar una oportunidad de desarrollo al campo.
Si bien es cierto que con un plan más rígido de austeridad el gobierno podría contar con unos cuantos millones más, es importante considerar las propuestas que ha presentado el Ejecutivo para financiar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Las dos iniciativas principales son la Modernización Tributaria y la aprobación de bonos; ambas en manos de las y los diputados al Congreso de la República.
Por supuesto que a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas les interesa fortalecer al Estado en este tiempo de vacas flacas, ya que la institucionalidad dirigida a beneficiar principalmente al mercado ha demostrado su inviabilidad para garantizar una vida digna a la mayoría de la población.
El gobierno debe modificar sus prioridades. Las organizaciones sociales exigirán en las calles la atención y el cumplimiento de sus demandas, y no tienen dudas en rechazar los planes de la actual administración gubernamental que intenta invertir una buena parte del posible financiamiento, conseguido a través de préstamos, en proyectos de infraestructura que únicamente benefician a los finqueros de siempre.
Se necesita que en el Congreso de la República se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral y que el gobierno dé un paso más en los programas que buscan otorgar liquidez a las familias rurales para implementar proyectos de producción.
De una vez por todas dejemos de ver a las familias campesinas únicamente como unidades de consumo, la experiencia que tienen en el trabajo de la tierra es garantía suficiente para que sean consideradas como unidades de producción. Entonces, ¿le entramos a la dinamización de la economía campesina?