La aprobación ayer por el Congreso en una forma inusitada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala debe ser motivo de satisfacción porque permite empezar a caminar en la dirección correcta para enfrentar el problema de la falta de castigo para los delincuentes en nuestro país. Sin embargo, debemos decir que se trata apenas de un primer paso y que los que vienen serán tantos o más complejos y demandarán tanta o mayor voluntad política. Porque honestamente hablando ayer fuimos testigos de un acto enmarcado en el contexto electoral en el que los principales candidatos no querían evidenciarse con vínculos con el crimen organizado y por lo tanto se bañaron en agua de rosas para anunciar su apoyo a la CICIG.
Pero quince días antes la cuestión no era tan definida y hasta se podían dar el lujo de ambivalencias y posturas dobles, anunciando por un lado a la comunidad internacional que estaban con la CICIG, pero actuando de manera distinta a la hora de tomar las decisiones. Fue el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores el detonante para evidenciar que además del FRG, comprometido con la impunidad por naturaleza y por razones mucho más que obvias, había otros grupos que también tenían sus vínculos con el crimen organizado y que decidieron correr el riesgo de alguna crítica de la opinión pública, con la idea de que la tormenta se diluyera en horas, como generalmente pasa en Guatemala.
Pero fue tan abrumadora la reacción que del palanganeo tuvieron que pasar a la firmeza y eso hizo posible que ayer obligaran a los diputados de las distintas bancadas a declarar de urgencia nacional la ratificación del convenio que dará vida a la comisión. Entendemos el gesto como parte del ajetreo electoral y no necesariamente como un compromiso absoluto contra la impunidad y por ello es que sostenemos que falta mucho todavía y que la sociedad y la comunidad internacional deberán estar muy atentos a las muestras de voluntad en el futuro para permitir el funcionamiento eficaz de una entidad que nos ayude a establecer mecanismos de investigación que nos permitan enfrentar el problema de la impunidad.
Hoy todos presumen de haberle dado vida a la CICIG al alinear a sus bancadas. Pero falta mucho camino por recorrer y seguiremos atentos para ver quiénes usaron este momento simplemente como una palanca electoral y quiénes quieren realmente enfrentar el problema de la impunidad que protege al crimen organizado en el país. Obviamente no todos los que votaron a favor están contra el crimen organizado, ni no todos los que votaron en contra o se abstuvieron están vinculados a él, porque en este nuestro mundo político lo que menos abunda es la verdadera transparencia.
Pero indudablemente hemos dado un primer paso que hace quince días parecía imposible. Gracias a la Comisión de Relaciones Exteriores y a su presidenta por el empujón a la CICIG.