El uso de los recursos públicos sin la aplicación de mecanismos de transparencia no conlleva castigos severos para los funcionarios estatales, mucho menos para los contratistas, quienes en manejos cuestionables de altas sumas de dinero solo son sancionados con multas leves; llegar al fondo de la corrupción implica crear herramientas legales y fiscalizar en profundidad el destino de los fondos del Estado y exigir rendición de cuentas para funcionarios y contratistas por igual, coinciden los analistas consultados.

Uno de los principales casos que ejemplifica un mundo paralelo en el Estado y que pone en tela de duda el buen uso de los recursos públicos desnudando la falta de transparencia, lo desveló la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), que reparó en el manejo inadecuado de Q938.3 millones en 19 proyectos de infraestructura vial por la Dirección General de Caminos en el 2011. (Lea: Obras cuestionables).

De acuerdo con el informe de los fiscalizadores, no era necesario realizar las obras amparados en la coyuntura de una emergencia, pues eso representa la omisión del proceso de licitación pública, “lo que limita la participación de más oferentes y podría encarecer los proyectos de infraestructura”, y especialmente, implicaría una “adjudicación discrecional de los proyectos de infraestructura”, reza el informe.

A pesar de la seriedad del tema, la sanción administrativa impuesta a tres funcionarios, cuyos cargos son el “ExMinistro, ExViceministro y ExDirector General de Caminos”, y de quienes el informe no revela sus nombres, fue de Q41.8 millones para cada uno, que en suma representa cerca del 13.3 por ciento del monto de las obras adjudicadas y no se contempla una acción penal en su contra. ¿Es suficiente?

El Ministerio de Comunicaciones es una de las carteras con mayor presupuesto y este año no será la excepción, pues recibirá cerca de Q4 mil 500 millones; la falta de mecanismos de transparencia en el manejo de estos fondos, según analistas, puede abrir la puerta a la corrupción a través del uso de fideicomisos y la adjudicación de obras al obviar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, a través de procesos contemplados en la ley para situaciones excepcionales, el pago de mordidas para el otorgamiento de obras, aceptaciones parciales o finales y para la cancelación de saldos a favor de los contratistas.

“Lo ideal sería no usar la figura de emergencia. Se usa como excusa una tormenta tropical y tal cosa se declara de urgencia nacional. Al hacer procesos por emergencia evidentemente se obvian varios procesos y eso daña la transparencia”, opina Marvin Flores, de Acción Ciudadana.

Pero los reparos no solo se concentran en las obras; la auditoría también detalla que la institución registra deficiencia en control de renglones de trabajo por Q120 mil e incumplimiento a los plazos por Q1 millón 200 mil, al adjudicar obras a contratistas sin las especialidades necesarias para su ejecución.

Otra entidad con hallazgos de la CGCN es el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi), al que se señala por no publicar sus adquisiciones en el portal Guatecompas; el monto asciende a Q120, 981.00.

 Con esto se deja ver que las sanciones administrativas son varias, pero leves y pocos casos llegan a instancias judiciales. Al momento, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público reporta cuatro denuncias; una corresponde al 2004, dos al 2011 y la más reciente, de 2012, contra un funcionario de la actual administración.

Según una fuente de la Fiscalía, el cambio de autoridades en las distintas agencias obligó a un nuevo ordenamiento de los casos, de manera que podría haber causas en otras instancias.

Al momento, esa unidad conoce tres casos: Una denuncia planteada contra el Fondo de Conservación Vial (Covial), que data de 2004; no se especifica el monto de la denuncia, pero se trata de una investigación sobre varios proyectos que se realizaron sin levantar las actas correspondientes.

Las otras dos fueron presentadas este año por la Contraloría General de Cuentas. Una es por abuso de autoridad contra la Coordinación Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad por cuatro obras valoradas en Q1 millón 500 mil, y la otra es un caso de fraude y abuso de autoridad contra el Subdirector Técnico de Covial, por una obra valorada en Q1 millón 600 mil. Ambas son por la gestión de 2011.

“Según las denuncias, no se levantaron convenios, solo levantaron actas”, refirió la fuente de la Fiscalía.

Una cuarta denuncia se encuentra en la Unidad contra el Lavado de Dinero. Aunque la investigación aún está en curso, el Juzgado Sexto de lo Penal ya autorizó el congelamiento de cuentas del actual viceministro de Comunicaciones, Luis Adrián Ruiz, quien es señalado de pedir comisión a cambio de adjudicar obras. (Lea: “La denuncia presentada en mi contra fue anónima”)

ANOMALÍAS RECURRENTES

Según Flores, los hallazgos detectados confirman la necesidad de fortalecer los controles sobre la ejecución de las obras públicas, para evitar que se evadan las normas de transparencia durante los estados de Emergencia y garantizar que a las empresas se les adjudiquen obras por su capacidad técnica, financiera y legal, y no por compadrazgo o el pago de comisiones.

“El registro precalificado del Ministerio no es una entidad que verifique la capacidad, lo que provoca que se queden proyectos abandonados o mal ejecutados”, asegura Flores, quien critica la debilidad con que se castiga a los funcionarios y empresas que no cumplen con los contratos.

La sobrevaloración de obras y la poca competencia entregando los proyectos “a dedo” son algunas de las constantes críticas. Al consultarle a Pedro Rocco, de la Asociación de Contratistas, sobre las adjudicaciones anómalas, señaló que no siempre se elige a la mejor empresa para ejecutar una obra.

 “Usted está compitiendo con personas que no están buscando hacer las cosas bien. Cuando hay un tipo de compadrazgo, hay una competencia desleal. Las empresas que les gusta trabajar bien no pueden competir contra eso, por eso algunas ya han decidido no trabajar para el Estado y prefieren lo privado”, reconoce el empresario.

Agrega que buenos marcos legales pueden contribuir a mejorar el control en el gasto. Por ello, cobra mayor relevancia la iniciativa de ley contra la Corrupción que se discute en el Congreso. Si bien, solo ha avanzado en su primera lectura de las tres que necesita para ser ley, se espera que sea aprobada por el Legislativo.

El diputado Amílcar Pop, quien preside la Comisión por la Transparencia y es uno de los principales promotores de la ley, señaló que la propuesta incluye varios puntos importantes, como tipificar los delitos de tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.

En este último, señala que es importante que el delito alcance tanto a funcionarios como contratistas del Estado, lo cual tendría un impacto especial en el ámbito de la infraestructura.

“Se podría controlar el pago de obra terminada y mejorar los procedimientos en el fideicomiso de Covial, que es uno de los más grandes. El gran problema del Ministerio de Comunicaciones es el compromiso de palabra, que no genera el cumplimiento de los procedimientos adecuados, y ellos justifican con la inclemencia del clima la ejecución de obras”, resaltó el congresista.

Pop considera que las escasas denuncias por corrupción en la cartera de Comunicaciones se debe a que los contratos representan fuertes sumas de dinero e involucran a intereses de poderosos, lo que representa riesgos para los fiscalizadores. “Muchas personas piensan en su seguridad frente a generar riesgos en la ejecución de los contratos grandes. Lamentablemente los niveles de corrupción han penetrado todo el Estado; a medida que más grande es el contrato, más riesgo es fiscalizarlo”, señaló el diputado.

Otro de los temas que se incluyen en el paquete son las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado; sobre esta iniciativa, el diputado considera que los marcos legales deben fortalecerse para evitar que la corrupción ingrese por la “puerta grande”.

Al consultar a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones sobre mecanismos de control para no incurrir en irregularidades, el viceministro de Comunicaciones, Rubén Mejía, respondió que meses atrás suscribieron un acuerdo con la Cámara de la Construcción y la Gremial de Contratistas del Estado, para tener normas de gestión que permitan una contratación de una forma pública y transparencia.

A eso le suma un sistema informático que permita al ciudadano conocer el avance de las obras. Aunque los mecanismos se impulsan, solo el tiempo dirá si la tentación en los negocios de obras desaparecerá de la Cartera, ya que a la fecha pesa una denuncia por solicitar comisión a cambio de obras.