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Recientemente en Guatemala, en medio de una controversia moral y profesional, se aprobó la Ley de Educación Sexual y Reproductiva, así­ como su reglamento y las directrices para su aplicación en el sistema educativo nacional.

La legislación se basa en el postulado de que la educación sexual y reproductiva es un derecho humano, que permite realizar una revisión práctica, anterior a la aplicación de polí­ticas de población en ví­as de control de la natalidad y planificación familiar, para introducirlo al campo de la salud, educación y demás derechos de las personas.

El doctor Edgar Késtler, ginecobstetra, asegura que es de suma importancia la educación sexual tanto para la juventud como para los padres de familia. «Y no solo considero que es bueno; es necesario y urgente para que Guatemala pueda crear polí­ticas, y que en esta lí­nea se pueda conformar una verdadera educación sexual para todos los niveles educativos».

«Este paí­s lleva muchos años atrasados y que se ponga al dí­a en tema de educación sexual puede repercutir en las tasas altas de abortos (…) se realizan tantos, que llegan hasta 65 mil inducidos o provocados, cada año», señala el médico, en referencia a estudios comprobados.

En esa lí­nea, el especialista sostiene que existe una relación directa entre los abortos inducidos y la falta de programas educativos en paí­ses como Guatemala, en los que la juventud tiene poco o nulo acceso a la información sobre salud reproductiva.

Los estudios refieren que los abortos inducidos, en su mayorí­a se deben a que las jóvenes que se los practican no han tenido una educación adecuada para comprender la sexualidad y por consecuencia, no tienen acceso a métodos anticonceptivos efectivos para evitar los embarazos tempranos o «inconvenientes».

LAS VíCTIMAS

De acuerdo con Késtler, las principales afectadas por la falta de educación sexual son las mujeres, ya que son ellas quienes más sufren por los embarazos tempranos, y cuando se practican abortos, éstos pueden ocasionar daños en sus órganos sexuales e incluso la muerte.

En consecuencia a esta problemática, el profesional menciona que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de educar a los jóvenes en salud reproductiva, aunque haya una férrea división de opiniones sobre quién y cómo se debe realizar ese proceso.

Késtler opina que deben ser profesionales quienes se encarguen de la educación sexual. Esto debido a la falta de información de la mayorí­a de padres de familia de estratos económicos altos y bajos -aunque más del último grupo- sobre los métodos de enseñanza de este tema.

No obstante, señala que «la formación debe ser integral», por lo que los padres de familia deben participar en la educación e informarse, a la vez que sus hijos conocen la salud reproductiva y la sexualidad.

NECESARIO

El representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Nery Rodenas, comenta que la educación sexual es una tarea necesaria «ya que todos tenemos derecho a saber cómo funciona nuestro cuerpo y a conocerlo».

Rodenas sostiene que la Iglesia católica no se manifiesta en contra de la educación sexual, ya que ésta se imparte en los colegios católicos, en los movimientos, y en algunas parroquias.

«Lo que rechazamos categóricamente es la irresponsabilidad en la vida sexual, los abusos, los abortos, la trata de personas y todos los hechos en donde los afectados son los niños, niñas y jóvenes», añade.

Por otro lado, menciona que los principales educadores son los padres de familia «y aunque no tengan suficiente información para trasladarla a sus hijos, podrí­an buscar la forma para poder involucrarse en el tema».

Asimismo, explicó que los jóvenes deben tener la madurez suficiente para iniciar su vida sexual: «Debe existir una madurez para tomar la decisión sobre la sexualidad, esto debe darse dentro del matrimonio. Yo creo que los jóvenes tienen que asumir conciencia de que la vida sexual tiene que ser para personas maduras, y lo mejor es asumir la sexualidad dentro del matrimonio o cuando se cumpla la mayorí­a de edad».

Por su parte, la doctora Linda Valencia, de la Asociación de Mujeres Médicas, manifiesta: «En Guatemala vemos en la encuesta de salud materno infantil que los jóvenes inician su vida sexual a los 10 años, sin tener los conocimientos sobre la reproducción humana».

«Con esto hablamos que a temprana edad se dan embarazos no deseados, que afectan seriamente a las jovencitas porque podrí­an optar por practicarse un aborto, ya que su cuerpo no está desarrollado completamente para que un bebé se desarrolle en su vientre».

El problema es generacional, sostiene la especialista, ya que la mayorí­a de padres de familia tampoco tienen suficiente información y conocimientos sobre salud sexual y reproductiva.

«Entonces, ¿qué herramientas van a tener los padres de familia para educar a sus hijos?».

«Recordemos que los niños de antes, que ahora son padres, no tení­an acceso a la educación, por eso es que los jóvenes de ahora tampoco pueden confiar en un programa de educación sexual que esté bajo la responsabilidad de personas que podrí­an no conocer el tema».

ALARMA

La Asociación de Mujeres Médicas da cuenta de informes «alarmantes» sobre embarazos tempranos, ocasionados en la mayorí­a de oportunidades «por la falta de educación sexual».

Solo esa asociación registró el año pasado 9 embarazos en niñas de diez años, y 19 embarazos en niñas de once años.

Otro indicador son los partos en adolescentes menores de 20 años, de los cuales se contabilizaron 41 mil durante el 2009.

«Las niñas no tienen información ni educación. Tampoco los padres de familia. Y es precisamente por el desconocimiento a su sexualidad que los jóvenes se aprovechan en reiteradas ocasiones de la ignorancia de las niñas», concluyó Valencia.

PAíS FECUNDO

En Guatemala, donde los recursos muy limitados moldean las vidas de muchas personas jóvenes aún sin la carga adicional de la paternidad y maternidad, es imperativo abordar las consecuencias sociales y en salud de los altos niveles de maternidad adolescente.

Informes oficiales dan cuenta que el paí­s tiene la tercera tasa más alta de fecundidad adolescente de Centroamérica: 114 nacimientos anuales por cada mil mujeres de 15 a 19 años de edad.

La mitad de las mujeres jóvenes inicia una unión (formal o consensual) antes de cumplir los 20 años. Tres cuartas partes de las que no tienen educación, comparado con una cuarta parte de las que tienen educación primaria o superior, se unen antes de los 20 años.

Además, el 44 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años eran madres antes de los 20; la proporción más alta está en las mujeres jóvenes sin educación, cerca del 68%, y en las mujeres indí­genas, con un 54 por ciento.

Aunque el 70 por ciento de las mujeres de 15 a 24 años que dio a luz recientemente realizó al menos una visita de control prenatal, casi la mitad de las mujeres menos educadas y de las indí­genas no realizó ninguna.

Además, sólo la mitad de las madres de 15 a 24 años contó con asistencia médica profesional en su último parto; la proporción es aún más baja en las mujeres con menos escolaridad y en las indí­genas.

LA DISCUSIí“N

Luego de la aprobación del «Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de servicios de planificación familiar y de su integración en el programa de salud reproductiva», el jerarca de la Iglesia católica, Rodolfo Cardenal Quezada Toruño, anunció que presentarí­a acciones legales contra la ley que obliga a las escuelas a impartir educación sexual, pues a su criterio «vulnera el derecho de los padres a educar».

En consecuencia, la Comisión Episcopal de Pastoral Educativa emitió un comunicado expresando su «profunda preocupación» por el contenido del texto legal.

Por lo que la doctora Valencia señaló que «el cardenal tiene su opinión, pero recordemos que él manda a ser obediente, y esta ley se tiene que cumplir».

«No podemos discutir y debatir sobre lo moral e inmoral de la educación sexual; el objetivo y la preocupación primordial de todos debe ser la preservación de la vida y la defensa del desarrollo fí­sico y mental de los jóvenes», puntualizó.