El ser humano no puede saberlo todo, mucho menos los políticos en funciones públicas. Para ello están los colaboradores, secretarios, ministros, asesores o consejeros, quienes percibiendo jugosos sueldos provenientes de los impuestos de los contribuyentes, debieran facilitar el éxito de las labores de un mandatario. Lastimosamente cada vez es más frecuente que esto último no se aprecia por ninguna parte, al contrario, son los primeros en dar el traspié, en demostrar su falta de consistencia cívica y política, hasta el punto de llevarse consigo a quien debiera sentar cátedra y demostrar que si bien no se las sabe todas, al menos con mesura y madurez, sin berrinches ni altanerías, puede conducir al país a puerto seguro.
Cuando me enteré que el presidente Colom había cometido errores garrafales al expresar criterio favorable al ex presidente Portillo por su reciente retorno al país, me hice las siguientes preguntas: ¿a qué venía tan oficiosa defensa?; ¿por qué no se concretó en señalar que fue la Suprema Corte de Justicia de México la que lo había mandado de regreso y que lo demás estuvo a cargo de los tribunales del país? Bueno, creo que usted estimado lector, es quien no sólo tiene el sobrado derecho de opinar, sino también puede dar las más atinadas respuestas.
Es importante subrayar que lamentablemente impera en nuestro país grandes conocimientos de lo que dicta la Constitución de la República, desde el primer mandatario, hasta el campesino que allá en el rincón más apartado de la patria llegan impunemente a pisotearle sus derechos. La Constitución es clara cuando dice que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa, lo que no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Y si alguien teme que puedan inmiscuirse en asuntos que ni les va ni les viene, la misma Constitución determina que quienes se consideren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones o rectificaciones y, si la ofensa se estima que va más allá de lo anterior, los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un Tribunal de Honor declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. Más claro no canta un gallo, ¿entonces a qué viene la amenaza de formular iniciativas de ley para salvaguardar el derecho a la privacidad o endurecer las penas por calumnias o difamaciones? En cuanto al señalamiento porque dos medios de comunicación incurrieron en desacato, no me merece ningún comentario, puesto que tal delito fue abolido por la Corte de Constitucionalidad hace más de año y medio, sin embargo, semejante olvido bien a poner todavía más en relieve dos cosas fundamentales: la improvisación de nuestros funcionarios, como la falta de consistencia cívica y política que demuestran.